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Un medio de comunicación nacional dio a conocer el traslado del alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, hacia un centro de máxima seguridad. El tribunal anticorrupción tomó esta determinación tras verificar el presunto incumplimiento sistemático en el uso del dispositivo electrónico de vigilancia del funcionario municipal.
Según el reporte judicial, el procesado se habría retirado el grillete en 33 ocasiones distintas desde que inició la instrucción fiscal en julio pasado. Por esta razón, los magistrados revocaron las medidas cautelares previas y ordenaron su captura inmediata para garantizar su presencia durante la etapa de juicio penal. El traslado del funcionario se ejecutó la tarde de este 8 de marzo desde la cárcel donde se encontraba en la provincia de Cotopaxi hacia Santa Elena .
Traslado aéreo y reclusión en Santa Elena
Según se dio a conocer, el operativo de traslado inició a las 15h00 cuando un avión transportó a Alvarez desde la cárcel de Cotopaxi hasta el aeropuerto Jose Olmedo. Al llegar a la terminal aérea guayaquileña, un contingente policial escoltó al funcionario hacia un helicóptero que aguardaba en la pista de aterrizaje técnica oficial. La aeronave despegó cerca de las 17h00 con rumbo al centro penitenciario de máxima seguridad conocido como la Cárcel del Encuentro en Santa Elena.
Hasta el momento, ninguna autoridad gubernamental ha emitido un pronunciamiento sobre los motivos específicos del cambio de centro de reclusión para el alcalde investigado.
El abogado de Alvarez, Ramiro García, declaró a El Diario que no había recibido una notificación oficial sobre el traslado.
Si nos ha informado eso también, pero todavía no tenemos ninguna notificación oficial.
Abogado Ramiro García, vía WhatsApp a las 18h41 del domingo 8 de marzo.
El proceso judicial continuará desarrollándose durante los próximos fines de semana de marzo según el calendario establecido por los jueces de la causa.
Investigaciones por delitos contra hidrocarburos
El Caso Triple A analiza un presunto esquema de desvío de más de 22 millones de galones de combustible con subsidio estatal en Ecuador continental. La hipótesis fiscal sostiene que el perjuicio económico para el Estado ecuatoriano ascendería a sesenta y un millones de dólares por ventas irregulares de hidrocarburos.
De acuerdo con las pericias, las empresas comercializadoras vinculadas habrían vendido volúmenes superiores a su capacidad de almacenamiento real permitida por los entes técnicos reguladores. Debido a estas evidencias, el tribunal consideró que las medidas alternativas eran insuficientes para asegurar que el procesado no evada la acción de la justicia. Alvarez enfrenta este proceso bajo la sospecha de liderar una red dedicada a la comercialización ilícita de diésel y gasolina en la región.