• 4 minutos de lectura
Ángela Plúa asegura que sigue siendo la alcaldesa de Jipijapa, luego de que cinco concejales aprobaran su remoción, este martes 24 de marzo de 2026.
“Un grupo de concejales sin autoridad de Concejo e ilegalmente convocados pretenden destituirme. Pero quiero que lo tengan absolutamente claro, esta decisión no es definitiva, sigo siendo su alcaldesa”, expresó Plúa, en un video publicado en sus redes sociales.
Recalcó que el proceso no concluye con la resolución del Concejo Municipal y que la decisión final recaerá en el Tribunal Contencioso Electoral.
La postura de la alcaldesa
Plúa calificó lo ocurrido como un acto ilegítimo y aseguró que responde a motivaciones políticas. “Lo que estamos viviendo hoy es un acto ilegítimo, sostenido en procedimientos ilegales y motivaciones políticas y no jurídicas. No es una remoción, es una persecución política con vicios legales”, afirmó.
También sostuvo que las acciones en su contra estarían relacionadas con cambios impulsados durante su gestión, especialmente en áreas como agua potable, desarrollo rural y ordenamiento administrativo.
Reiteró que ejercerá su defensa en derecho y que continuará en funciones mientras el proceso se resuelve en instancias legales. “Vamos a defendernos en derecho, pero también con la verdad. Mi compromiso es más fuerte que nunca. Vamos a seguir trabajando con responsabilidad, transparencia y con la frente en alto”, concluyó.
Aprobación de la remoción
La tarde del martes, cinco concejales de Jipijapa aprobaron la remoción de la alcaldesa. La aprobación se dio en una sesión extraordinaria como parte del proceso para atender una denuncia ciudadana.
La concejal Suleny Tagle, informó a medios locales que el proceso se desarrolló conforme a la ley. “Han habido algunas inquietudes en la ciudadanía sobre la manera legal en la que se ha llevado este proceso. Simplemente nosotros hemos actuado conforme a la ley”, indicó.
La sesión extraordinaria fue convocada por el vicealcalde, Edison Quimis, quien no participó en la sesión. Tampoco lo hizo su alterna y en su reemplazo estuvo Cristhper Ligua.
Tagle detalló que cinco ediles asistieron a la sesión y aprobaron por unanimidad el informe que recomienda la remoción de la alcaldesa. “Se ha llevado a cabo por unanimidad a favor del informe de remoción de la alcaldesa”, precisó.
Concejales que participaron
El proceso de remoción responde a una denuncia presentada por la ciudadana Ana Mendoza Álvarez, por un presunto incumplimiento legal por parte de la alcaldesa.
En la sesión extraordinaria de este martes participaron los concejales Marcos Mero, Óscar Véliz, Wilmer González, Suleny Tagle, y Cristhoper Ligua, quienes formaron parte de la votación.
- Wilmer González, llegó a la concejalía por el movimiento Unidad Popular.
- Óscar Véliz llegó por la alianza Revolución Ciudadana – Sí Podemos.
- Marcos Mero llegó por Izquierda Democrática.
- Suleny Tagle llegó por la alianza Caminantes – Unidad Primero – SUMA.
- Cristhoper Ligua, es subalterno de Edison Quimís, quien llegó por Revolución Ciudadana – Sí Podemos.
Por otro lado, no participaron los concejales Mauricio Castillo y Glenda Villacreses. Castillo llegó a la concejalía por la alianza Caminantes – Unidad Primero – SUMA; mientras que Villacreses lo hizo por Revolución Ciudadana – Sí Podemos.
Ángela Plúa, llegó a la alcaldía de Jipijapa por el movimiento Pachakutik.
Plazo para apelar y defensa legal
Pese a la resolución adoptada, la alcaldesa tiene derecho a ejercer su defensa ante el Tribunal Contencioso Electoral (TCE), instancia que deberá conocer el caso.
La autoridad tiene un plazo de tres días para presentar sus descargos, los cuales serán remitidos junto con el expediente completo del proceso, que reposa en la Secretaría General.
Sobre la legalidad del procedimiento, la concejal Tagle reiteró que el proceso se desarrolló con apego a la ley, pese a denuncias, críticas y presiones externas que, según dijo, buscaron desacreditar el trabajo de los concejales.
Este sería el cuatro proceso de remoción que enfrenta Plúa. El primer proceso ocurrió en 2023 por pedido de la Contraloría General del Estado, por tener capitales en paraísos fiscales.