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El anuncio del ministro Roberto Luque sobre analizar la posibilidad de retirar competencias de matriculación vehicular a municipios generó pronunciamientos de juristas y activistas en Portoviejo, quienes advierten implicaciones legales y administrativas.
El analista y activista cívico Héctor Farfán cuestionó la intención de centralizar nuevamente estas funciones, señalando que los problemas detectados deben ser corregidos sin eliminar competencias.
“Mire, más allá de los errores que pueda tener cualquier proceso de desconcentración o descentralización, en este caso la matriculación vehicular, este debe ser fortalecido, no eliminado”, expresó.
Héctor Farfán, activista cívico
Farfán indicó que esta propuesta responde a una lógica histórica de concentración del poder en el país.
“El lenguaje del centralismo ha sido siempre el mismo: lo que ya se entregó, si presenta errores, desfases o fallas, se pretende desaparecer para volver a centralizarlo”, afirmó.
Llamado a corregir sin eliminar competencias
El analista sostuvo que las irregularidades detectadas en algunos municipios no justifican la eliminación de atribuciones.
“Si desde el Gobierno central se han detectado fallas o incluso actos de corrupción, lo que corresponde es corregir, no retroceder”, manifestó.
También recordó que las competencias de matriculación vehicular están respaldadas por el marco constitucional vigente.
“Vivimos en un Estado de derechos consagrado en la Constitución y en el COOTAD“, señaló.
En ese contexto, cuestionó a qué entidad se trasladarían estas funciones en caso de concretarse la medida.
“¿A quién se le asignarían? La Policía Nacional ya las tuvo en el pasado y no fue precisamente un ejemplo de eficiencia, al igual que la Agencia de Tránsito”, indicó.
Marco legal y requisitos para cambios
Por su parte, el abogado Kavir Briones explicó que las competencias de tránsito están definidas como exclusivas de los gobiernos cantonales.
“La Constitución y el COOTAD que tenemos actualmente garantizan que es competencia exclusiva, dentro de su territorio, de cada cantón el manejo del tránsito”, afirmó.
El jurista detalló que cualquier modificación en este ámbito requiere reformas legales y constitucionales.
“Si el Gobierno pretende quitar estas competencias, debe reformar o enmendar la Constitución y también reformar mediante ley el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, el COOTAD”, indicó.
Posibles acciones legales y limitaciones
Briones aclaró que existe una vía legal para realizar estos cambios, pero que no pueden ejecutarse de manera inmediata.
“No es que no haya salida. Se puede hacer mediante una enmienda constitucional y una reforma al COOTAD, pero mientras eso no ocurra, no hay forma de hacerlo”, enfatizó.
Asimismo, advirtió sobre posibles consecuencias jurídicas en caso de incumplir los procedimientos.
“Si se pretende quitar estas competencias sin respetar el procedimiento, de inmediato van a llover acciones de inconstitucionalidad y las van a perder”, aseguró.
Reconocimiento de fallas en el sistema
El abogado también reconoció que existen problemas en los procesos de matriculación vehicular administrados por los municipios.
“Hay falencias, eso es indudable. Hay corrupción en algunos casos, también es indudable”, señaló.
Sin embargo, sostuvo que la solución no pasa por eliminar el modelo actual.
“Es como la democracia: no es perfecta, pero es la mejor forma de gobierno”, afirmó.
Finalmente, se intentó obtener una versión del gerente de la empresa Portovial, Miguel Roldán, sobre las implicaciones que tendría en los municipios la aplicación de esta medida, pero no fue posible debido a que se encontraba fuera de la ciudad en una capacitación.