La presidenta del CNE, Diana Atamaint, indicó el jueves 30 de octubre de 2025 que el presidente de la República, Daniel Noboa, deberá solicitar licencia para hacer campaña en favor de la consulta popular, ya que la ley prohíbe a funcionarios públicos inducir el voto mientras ejercen sus funciones.
Marco legal y decisión del CNE
La presidenta Atamaint explicó que “un servidor público no puede inducir al voto en el ejercicio de sus funciones. En tal virtud, debe pedir licencia para hacer campaña. Eso aplica para todos”.
El mandatario es proponente de las preguntas de la consulta popular y referendo que se votará el domingo 16 de noviembre de 2025, pero también se encuentra en calidad de servidor público, lo que genera la obligación de solicitar licencia.
Hasta el momento, el CNE no ha recibido solicitudes de licencia de funcionarios que participen en la campaña, incluidas asambleístas que ya han anunciado su intención de involucrarse activamente.
Obligación para el presidente y otros servidores
La ley que regula los procesos electorales en Ecuador indica que los funcionarios públicos y dignatarios no pueden usar recursos del Estado ni inducir el voto desde sus cargos. Atamaint puntualizó que el presidente “tiene que pedir licencia porque está en calidad de servidor público y también es el proponente. Él decidirá cuándo y cómo hacerlo”.
De igual forma, los asambleístas y otros servidores públicos que participen en la campaña por el “sí” o por el “no” respecto a la consulta popular deberán también tramitar su licencia o vacaciones para cumplir con la normativa.
Contexto de la consulta popular de noviembre
La consulta popular y referendo se desarrollarán el 16 de noviembre de 2025 y abarcan preguntas referidas a reformas constitucionales y otros temas de democracia directa. La campaña electoral arrancará el 1 de noviembre y concluirá el 13 de noviembre, según lo previsto por el CNE.
En una elección previa, el mismo presidente no solicitó licencia para hacer campaña en el contexto de su elección, lo que generó cuestionamientos y solicitudes de regulación más clara.
Implicaciones y próximos pasos
El requerimiento del CNE busca asegurar que la campaña por la consulta popular se desarrolle en igualdad de condiciones, evitando que quienes ejercen funciones públicas utilicen sus cargos para influir en la votación. En este sentido, la aplicación de la norma refuerza la transparencia del proceso electoral.
El presidente deberá decidir cuándo y cómo tramita esa licencia, y el CNE está atento a que el mecanismo se aplique también para otros servidores públicos que se involucren directamente en la campaña. Hasta ahora no se han registrado solicitudes formales, lo que podría motivar intervenciones o sanciones si se detectan infracciones.
Finalmente, el cumplimiento de esta norma clave resultará relevante para el desarrollo del proceso electoral, puesto que la claridad en las reglas fortalece la confianza ciudadana y el buen funcionamiento de la consulta popular.