La Corte Nacional de Justicia (CNJ) instalará el 5 de noviembre de 2025 a las 08:30 en Quito, Ecuador, la audiencia de juicio oral y público por delitos de lesa humanidad contra seis exjefes militares del gobierno de León Febres Cordero (1984-1988), imputados por la detención ilegal, tortura, violencia sexual y desaparición forzada de tres militantes de Alfaro Vive Carajo (AVC) en 1985, como parte de una estrategia estatal contra opositores.
Instalación del juicio y procesados
La audiencia se desarrollará en la sala del octavo piso de la CNJ, con presencia de peritos y paquetes documentales que incluyen oficios de 1985 y 1986 de los ministerios de Defensa y Gobierno, así como informes de la misión ecuatoriana en Ginebra sobre desapariciones forzadas. El proceso es presencial, aunque permite intervenciones telemáticas según el Código Orgánico Procesal Penal.
Los procesados son Juan Raúl Viteri Vivanco, excomandante de la Escuela de Inteligencia; Manuel Marcelo Delgado Alvear, exdirector de Inteligencia del Ejército; Nelson Bolívar Enríquez Gómez, exoficial de Inteligencia del Ejército; Fernando Ignacio Ron Villamarín, exoficial del Ejército; Mario Ricardo Apolo Williams, excomandante de la Escuela de Inteligencia; y Luis Eduardo Piñeiros Rivera, exministro de Defensa. Inicialmente se acusó a ocho personas, pero dos permanecen prófugos.
El juicio podría extenderse por varios días, con la Fiscalía presentando pruebas basadas en el informe de la Comisión de la Verdad de 2010, que documentó 831 violaciones a derechos humanos entre 1984 y 2008.
Contexto del gobierno de Febres Cordero y AVC
León Febres Cordero asumió la presidencia en 1984 en un período marcado por la insurgencia del grupo guerrillero Alfaro Vive Carajo (AVC), organización armada de izquierda activa en los años 80 que realizaba secuestros, asaltos y atentados para promover una revolución social. El gobierno implementó una doctrina de seguridad nacional que extendió la represión a opositores políticos y presuntos subversivos.
La Comisión de la Verdad, creada en 2007 durante el gobierno de Rafael Correa, investigó violaciones sistemáticas por parte de fuerzas de seguridad, incluyendo el Servicio de Investigación Criminal (SIC-10), una unidad clandestina responsable de torturas y desapariciones. El 68% de los 456 casos identificados ocurrió entre 1984 y 1988, con 365 víctimas de tortura, 269 de detención ilegal, 86 de violencia sexual, 17 de desaparición forzada y 68 ejecuciones extrajudiciales.
Detalles de la detención en Esmeraldas
El 10 de noviembre de 1985, los militantes Luis Vaca Jácome, Susana Cajas Lara y Francisco Javier Jarrín Sánchez fueron detenidos cerca de las 20:00 en un restaurante del parque central de Esmeraldas, mientras se preparaban para una reunión nacional de AVC suspendida por alertas de seguridad. Los efectivos del Batallón Montúfar los aprehendieron sin orden judicial, pese a que manifestaron ser estudiantes universitarios de vacaciones.
Susana Cajas, perseguida por ser hermana de María Rosa Cajas, integrante de AVC, relató ante la Comisión que portaban cédulas falsas: Luis Vaca como Washington Fernando Obando Ayala y Susana Cajas como Flor de los Ángeles Guamba Betancourt. Informes de inteligencia militar corroboraron la captura inicial.
Tras el interrogatorio preliminar, los trasladaron en camión al Batallón de Inteligencia Militar (BIM) en Conocoto, Quito, para un análisis más riguroso debido a contradicciones en sus declaraciones. El traslado ocurrió en la madrugada del 11 de noviembre.
Torturas en el BIM y liberación parcial
En el BIM, los prisioneros fueron confinados en un subsuelo con celdas oscuras y malolientes, sin colchones. Fueron encapuchados, desvestidos, rociados con agua helada, sometidos a descargas eléctricas, patadas, golpes, semi-ahogos, privación de sueño y alimentación durante interrogatorios. Oficiales de la época ratificaron el procedimiento para extraer información sobre AVC.
Tras unos 15 días, Susana Cajas y Francisco Jarrín fueron liberados en una zona rural cerca de Cumbayá, vendados y con orden de no mirar atrás. Su detención fue reconocida públicamente y cubierta por la prensa, a diferencia de Luis Vaca, cuya captura fue negada sistemáticamente.
Las madres de Cajas y Jarrín enviaron una carta el 25 de noviembre de 1985 al presidente Febres Cordero, al Congreso y ministros, solicitando información sobre su paradero, según documentos desclasificados.
Desaparición forzada de Luis Vaca y marco legal
Luis Vaca permaneció incomunicado en el BIM por más de dos años, hasta su liberación en mediados de 1988, sufriendo torturas continuas y siendo utilizado para verificar datos sobre otros miembros de AVC. Las autoridades eliminaron sus datos del Registro Civil, dificultando búsquedas familiares e internacionales, como documentó Amnistía Internacional.
Su hermano, un militar, descubrió su ubicación por casualidad, pero falleció poco después. Vaca fue liberado simulando un regreso de Colombia, con dinero para encubrir su detención.
Según el Código Orgánico Integral Penal (COIP), los delitos de lesa humanidad —como ataque generalizado o sistemático contra civiles por el Estado— se penan con 26 a 30 años de prisión. Este caso, conocido como “Vaca, Cajas, Jarrín”, es el primero judicializado en Ecuador, cumpliendo compromisos internacionales contra la impunidad.
La Comisión identificó 136 casos del SIC-10, incluyendo torturas en sitios como el Cuartel Modelo de Guayaquil y el BIM de Conocoto. El proceso resalta la responsabilidad de 458 agentes estatales, principalmente policiales y militares.