El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, firmó el Decreto Ejecutivo 202 este miércoles 5 de noviembre del 2025. A través de este decreto se declaró un nuevo estado de excepción en las provincias de Manabí, Guayas, Santa Elena, Los Ríos y El Oro. La medida se suma también en los cantones La Maná (Cotopaxi), Las Naves y Echeandía (Bolívar). La decisión, a decir del Gobierno, se debe por grave conmoción interna derivada de altos índices de violencia.
La medida, que entrará en vigencia inmediata y durará 60 días, responde a la persistencia de ilícitos en territorios donde el Gobierno ya había aplicado estados de excepción previos. El decreto justifica la declaratoria con base en reportes de seguridad que evidencian el accionar de estructuras criminales organizadas. Durante el periodo, se suspende el derecho a la inviolabilidad de domicilio en las zonas afectadas.
Presidente Daniel Noboa contra las bandas
Esta disposición habilita a la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas a ejecutar inspecciones, allanamientos y requisas para localizar a integrantes de grupos armados, según el texto oficial. Adicionalmente, se suspende el derecho a la inviolabilidad de correspondencia. El objetivo es identificar, analizar y recopilar mensajes, comunicaciones, cartas o misivas físicas y electrónicas que faciliten el ocultamiento de miembros de bandas criminales.
El Decreto Ejecutivo 202 cita hechos específicos para sustentar la decisión. Entre ellos, el asesinato de un ciudadano en una gasolinera de Salinas el 28 de octubre de 2025. También se suma el homicidio de Fernando Álvarez, administrador de un portal digital, ocurrido en Salitre, provincia de Guayas. Estos eventos ilustran el incremento de la violencia en las regiones impactadas.
El documento incorpora un informe de inteligencia clasificado como secreto, que desarrolla una conceptualización de las estructuras criminales operantes en Ecuador. Dicho informe respalda la necesidad de medidas extraordinarias. Esto para restaurar el orden público y garantizar la seguridad ciudadana. Esta es la segunda declaratoria de estado de excepción en menos de una semana en parte de estos territorios.
Homicidios intencionales a nivel nacional
En Ecuador, el estado de excepción permite al Ejecutivo movilizar recursos militares y policiales de manera intensiva. Se trata de una herramienta recurrente ante olas de violencia asociadas al narcotráfico y disputas entre bandas. Datos del Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado indican que, en lo que va de 2025, las provincias costeras como Guayas y Manabí concentran más del 60% de los homicidios intencionales a nivel nacional.
La medida busca interrumpir las cadenas de suministro de armas y drogas, según fuentes oficiales. El decreto será remitido a la Asamblea Nacional para su conocimiento, conforme a la Constitución ecuatoriana. Autoridades locales en las provincias afectadas coordinarán con el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas para implementar operativos.