El debate sobre la estrategia de seguridad nacional en Ecuador ha tomado un nuevo impulso de cara al referéndum del próximo 16 de noviembre. Una de las preguntas clave plantea la posibilidad de reformar la Constitución para permitir nuevamente la instalación de bases militares extranjeras en territorio nacional, algo prohibido desde la carta magna de 2008.
Esta disyuntiva obliga a la ciudadanía a entender con claridad qué implica realmente una base extranjera y en qué se diferencia de los acuerdos de cooperación internacional que el país mantiene actualmente.
La naturaleza de la presencia: Física vs. Remota
La distinción fundamental radica en la presencia física y operativa en suelo ecuatoriano. Según Héctor Yépez, abogado y director de la Escuela de Gobierno de la UEES, los acuerdos de cooperación actuales permiten una colaboración “a distancia”. Estados Unidos u otros países pueden compartir inteligencia, enviar reportes, donar equipos o facilitar armamento. Sin embargo, sus fuerzas no operan de forma permanente desde el territorio nacional.
“No es lo mismo tener una cooperación a la distancia, que es positiva y valiosa, a tener fuerzas militares estadounidenses en suelo ecuatoriano”, explica Yépez. Utiliza una analogía para ilustrar este punto: “No es lo mismo el amor de cerca de una pareja que sale junta que estar chateando nomás; lo mismo es en materia de seguridad“.
Una base militar extranjera implica, por tanto, el establecimiento físico de personal, equipos e infraestructura de otro país dentro de Ecuador. Esto permitiría, según Yépez, operaciones de inteligencia en tiempo real, uso de radares avanzados y una capacidad de respuesta mucho más inmediata. Sería más efectiva frente a amenazas como el narcotráfico, la minería ilegal o la pesca ilegal en Galápagos.
Soberanía y control: Visiones contrapuestas sobre posibles bases militares en Ecuador
El concepto de soberanía es central en este debate y genera posturas encontradas. Para quienes apoyan la opción del “Sí” en el referéndum, permitir bases no significa ceder el control del país.
Héctor Yépez enfatiza que “siempre el control lo tiene el Ecuador“. Aclara que no se trata de una “carta abierta” para que potencias extranjeras actúen a su antojo, sino de invitaciones específicas. Estas son bajo condiciones negociadas por el Estado ecuatoriano. “Aquí no se trata de que vengan a hacer lo que nosotros pidamos… siempre bajo la soberanía ecuatoriana”, argumenta. Desde su perspectiva, la verdadera pérdida de soberanía ya ha ocurrido a manos del crimen organizado. Este crimen ha “robado la paz” y se ha “adueñado completamente de territorio ecuatoriano”. Recuperar esa soberanía implicaría, paradójicamente, pedir ayuda directa “in situ” a naciones aliadas.
En la orilla opuesta, la politóloga Lisseth Loor plantea serias preocupaciones sobre el impacto real de estas bases en la soberanía territorial y social. Cuestiona qué territorios específicos serían ocupados, mencionando el riesgo para zonas sensibles como las Islas Galápagos, patrimonio natural de la humanidad. O también la ciudad de Manta, que ya albergó un Puesto de Operaciones de Avanzada (FOL) estadounidense hasta 2009.
Loor advierte sobre las consecuencias sociales negativas observadas en el pasado. “En Manabí, por ejemplo, cuando existían las bases militares hubo muchos casos de abusos y violencia sexual contra las mujeres y niñas manabitas“, señala. Para ella, la presencia física de tropas extranjeras trae consigo efectos directos nocivos para la población local que no necesariamente se traducen en una disminución efectiva de la violencia.
El contexto histórico y legal de bases militares en Ecuador
Para entender la magnitud del cambio propuesto, es necesario mirar atrás. Ecuador tuvo una experiencia directa con una base extranjera moderna a través del FOL de Manta. Este acuerdo, firmado en 1999 durante el gobierno de Jamil Mahuad, permitió a Estados Unidos operar desde la base aérea ecuatoriana para misiones antinarcóticos. El convenio tenía una duración de 10 años y expiró en noviembre de 2009.
Sin embargo, el panorama legal cambió drásticamente con la Constitución de 2008, impulsada durante el gobierno de Rafael Correa. Su artículo 5 estableció explícitamente que “Ecuador es un territorio de paz”, prohibiendo el establecimiento de bases militares extranjeras. También prohibió instalaciones con propósitos militares, así como ceder bases nacionales a fuerzas extranjeras. Bajo este mandato constitucional, el acuerdo de Manta no fue renovado y las operaciones estadounidenses cesaron formalmente el 18 de septiembre de 2009.
La Constitución previa, de 1998, era más flexible. Permitía en su artículo 5 la formación de “asociaciones con uno o más estados para la promoción y defensa de los intereses nacionales y comunitarios”. Esto le dio marco legal al acuerdo inicial de Manta. La pregunta del referéndum actual busca, en esencia, revertir la prohibición de 2008 y regresar a un esquema que permita este tipo de “asociaciones” con presencia física.
Eficacia en la lucha contra el crimen
El argumento central a favor de las bases es la necesidad de ayuda externa ante amenazas que superan la capacidad nacional. Yépez sostiene que Ecuador, siendo un país pequeño, no puede pretender “pelear solito” contra “monstruos internacionales del crimen”. La cooperación actual es insuficiente, y se requiere la tecnología y presencia directa de aliados como Estados Unidos, la Unión Europea. También podrían ser incluso países de la región como Brasil, según la gestión diplomática que se realice.
Por el contrario, Lisseth Loor cuestiona esta premisa de eficacia. “No se ha comprobado que la presencia de bases militares disminuya la violencia“, afirma. Su postura sugiere que la solución a los problemas de seguridad no pasa necesariamente por la militarización extranjera del territorio. Debe abordar otras causas estructurales y considerar los posibles efectos colaterales negativos de tener tropas foráneas en suelo nacional.
La decisión está en manos de los ecuatorianos
El 16 de noviembre, los ecuatorianos decidirán si abren o no la puerta constitucional a esta posibilidad. Votar “Sí”, según Yépez, no significa instalar una base inmediatamente, sino “tener las opciones abiertas” para que el Estado pueda, soberanamente, decidir si invita o no a una fuerza extranjera. Esto dependería de sus necesidades específicas de seguridad. Votar “No” mantendría la prohibición actual, cerrando esa vía de colaboración directa.
La diferencia entre bases y acuerdos, por tanto, no es solo técnica u operativa, sino profundamente política y social. Se trata de decidir entre un modelo de seguridad que apuesta por la presencia directa de aliados internacionales para potenciar capacidades de forma inmediata. Esto asume los riesgos inherentes a esa presencia. La otra opción sería mantener un modelo de cooperación a distancia que preserve una interpretación más estricta de la soberanía territorial, aun con sus posibles limitaciones operativas actuales frente al crimen transnacional.