El abogado Eduardo Argudo, experto en derechos fundamentales y justicia Constitucional, analizó durante entrevista con Manavisión Plus, las implicaciones jurídicas y políticas de la propuesta del presidente Daniel Noboa para reemplazar la actual Asamblea Nacional con un sistema bicameral o Senado. En esta conversación, Argudo detalla las diferencias entre ambos modelos, su viabilidad constitucional, los riesgos de concentración de poder y las lecciones que Ecuador podría tomar de otros países latinoamericanos.
-¿Cuáles son las principales diferencias entre el sistema actual de Asamblea Nacional y el de un Senado?
Un Senado no implica solo un cambio de nombre, sino una transformación estructural del sistema político. Mientras la Asamblea Nacional funciona bajo un modelo unicameral, un Senado introduce el sistema bicameral, es decir, dos cámaras legislativas: una Cámara Baja, encargada de aprobar leyes ordinarias y resoluciones, y una Cámara Alta, que asumiría temas de mayor peso como leyes orgánicas, fiscalización o juicios políticos.
El problema es que el planteamiento actual del Gobierno es todavía ambiguo: no se ha explicado si la propuesta busca una bicameralidad real o solo una reformulación nominal del poder legislativo.
-¿Es viable aplicar un sistema bicameral en Ecuador?
Sí, es viable jurídicamente, porque el país ya tuvo un sistema bicameral en su historia constitucional, vigente hasta finales de la década de 1970. Si se instala una Asamblea Nacional Constituyente, esta tendría el poder originario para reformar o reestructurar las funciones del Estado, incluyendo la legislativa.
Una constituyente puede decidir, sin impedimentos legales, que la función legislativa se divida en dos cámaras. Sin embargo, el Gobierno no ha explicado por qué o para qué quiere implementar un Senado, lo que genera incertidumbre sobre el verdadero alcance de la propuesta.
-¿Qué beneficios podría tener un sistema bicameral según las experiencias de otros países?
La principal ventaja es la descongestión legislativa. En sistemas como los de Brasil y Argentina, el bicameralismo permite que la Cámara Baja trate leyes ordinarias, mientras el Senado se concentra en leyes especiales, juicios políticos y control presidencial.
Este modelo distribuye responsabilidades y mejora la calidad del debate. No obstante, su eficacia depende del contexto político y del grado de independencia de cada cámara. Ecuador debería evaluar si cuenta con condiciones institucionales para implementarlo (…) La acumulación de poder ha sido una de las más lamentables consecuencias que hemos tenido en nuestros sistemas constitucionales en el Estado. Yo creo que hay que superarlo, hay que ir un paso más allá de eso y empezarnos a plantear, entre otras cosas, más que la bicameralidad del Senado, empezar a plantearnos un sistema distinto al presidencialismo en el Estado.
-¿Existe riesgo de que esta propuesta concentre más poder en el Ejecutivo?
Sí, y es un riesgo real. El presidencialismo ecuatoriano ha mostrado una tendencia a acumular poder en una sola figura. Si la Asamblea Constituyente llegara a tener una mayoría oficialista, podría convertirse en una herramienta de control total sobre el nuevo diseño del Estado.
Por eso, más que discutir solo la bicameralidad, el país debería preguntarse si ha llegado el momento de transitar hacia un sistema parlamentario, donde el poder esté más distribuido y el presidente tenga un rol más administrativo que decisorio (…).
De aprobarse la consulta, es probable que el Gobierno logre una mayoría gobiernista dentro de la Asamblea Constituyente, lo que podría permitirle rediseñar la Constitución con poco contrapeso político (…) Entonces, la mayoría gobiernista podrá simplemente tomar las decisiones que el Gobierno Nacional considere. Muchos lo han dicho, esto es una carta abierta, casi un cheque blanco, que se le estaría entregando al Gobierno Nacional para poder hacer modificaciones a la Constitución.
-Algunos sectores afirman que el cambio busca fortalecer la lucha contra el crimen organizado. ¿Es esto posible desde la Constitución?
No necesariamente. La Constitución no impide la lucha contra el crimen organizado. El problema está en la falta de políticas públicas efectivas y cooperación internacional.
Modificar artículos como los del debido proceso (75, 76 y 77) sería inconstitucional, porque Ecuador es suscriptor de tratados internacionales que garantizan la presunción de inocencia y el uso lícito de pruebas.
La lucha contra el crimen debe fortalecerse con mecanismos regionales, como tribunales latinoamericanos de delincuencia organizada, no con reformas que debiliten derechos.
-¿Qué tipo de cooperación internacional debería haber para combatir el crimen transnacional?
La cooperación judicial internacional, no bases militares extranjeras. Ecuador debería promover la creación de tribunales penales regionales y sistemas de vigilancia compartidos que garanticen la imparcialidad judicial.
La delincuencia organizada es transnacional, por lo que el país debe actuar en bloque con otros estados de América Latina. Involucrarse en conflictos externos o aceptar bases extranjeras solo aumentaría los riesgos diplomáticos y de soberanía.
-¿Un sistema bicameral mejoraría la eficiencia y la representación legislativa?
Sí podría. Actualmente, los asambleístas tienen una sobrecarga de funciones: legislan, fiscalizan y al mismo tiempo realizan actividades territoriales.
Dividir responsabilidades entre una Cámara Alta y una Baja permitiría mejor control y especialización, además de mejorar la percepción ciudadana sobre el trabajo legislativo.
En cuanto a la representación, los legisladores provinciales podrían formar parte de la Cámara Baja, mientras que los nacionales integrarían la Cámara Alta, conservando la elección directa por parte de los ciudadanos.
-Si Ecuador ya tuvo Senado, ¿por qué se eliminó y qué sentido tendría volver a ese modelo?
El sistema bicameral fue eliminado porque su representación era desigual y poco efectiva. En 2008, con la Constitución de Montecristi, se consolidó la Asamblea Nacional unicameral.
Sin embargo, no se trató de un cambio ideológico sino de un ajuste político tras un periodo militar y de inestabilidad. Recuperar la bicameralidad hoy tendría sentido solo si mejora la representación ciudadana y garantiza independencia entre las cámaras, no si replica los mismos vicios del pasado.