El presidente del Consejo Directivo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), Edgar Lama, enfrenta críticas por presuntos conflictos de intereses. Además, se le acusa de incumplir requisitos legales establecidos en la Ley de Seguridad Social.
Falta de experiencia profesional suficiente
De acuerdo con el artículo 29 de la Ley de Seguridad Social, el titular del Consejo Directivo del IESS debe acreditar al menos 10 años de experiencia profesional. Sin embargo, registros de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (Senescyt) confirman que Edgar Lama obtuvo su título de abogado el 22 de junio de 2018, en la Universidad Católica de Guayaquil.
Esto implica que, al momento de su posesión como presidente del Consejo Directivo del IESS, el 3 de junio de 2025, contaba con menos de siete años de ejercicio profesional.
Juristas coinciden que, conforme a la normativa vigente, la experiencia profesional en el sector público se contabiliza desde la obtención del título universitario. Por lo tanto, Lama no cumpliría con el requisito exigido para ocupar el cargo.
Empresas familiares vinculadas al IESS
A las dudas sobre su idoneidad se suman denuncias por un presunto conflicto de intereses. De acuerdo con documentos revisados por este medio, clínicas relacionadas con familiares de Edgar Lama mantienen contratos como proveedoras privadas del IESS.
La Contraloría General del Estado, mediante un informe del 21 de abril de 2025, determinó glosas solidarias por USD 3.757.712,97 contra las empresas Teoton y Alboteotón, por cobros al IESS sin documentación de respaldo.
El padre de Edgar Lama posee el 95% de las acciones de Alboteotón. Mientras tanto, el propio Lama fue gerente de la compañía entre el 14 de agosto de 2024 y el 12 de febrero de 2025. Estos antecedentes generan cuestionamientos sobre posibles conflictos éticos y administrativos en su actual gestión.
Pagos millonarios durante su gestión
Según una denuncia pública de José Guevara, presidente de la red privada de salud Interhospital, desde que Lama asumió la presidencia del IESS, las empresas vinculadas a su familia habrían recibido USD 4,2 millones en pagos entre julio y octubre de 2025.
De ese total, USD 2,94 millones fueron transferidos en agosto de 2025. Según Guevara, fueron dirigidos a clínicas relacionadas con el entorno familiar del actual presidente del IESS.
Fuentes del IESS confirmaron que los pagos se realizaron bajo contratos preexistentes. Sin embargo, no precisaron si las auditorías internas han verificado la legalidad y transparencia de dichos desembolsos. Hasta el cierre de esta edición, Edgar Lama no ha emitido declaraciones públicas sobre las denuncias.
Cercanía con el presidente Noboa
Edgar Lama fue designado presidente del Consejo Directivo del IESS por decisión del presidente Daniel Noboa, quien lo incluyó como primera opción en la terna oficial enviada a la Asamblea Nacional.
Antes de esta designación, Lama ocupó el cargo de ministro de Salud, también durante el gobierno de Noboa. Previamente se desempeñó como asesor legal en la Corporación Noboa, una de las empresas del grupo empresarial de la familia presidencial.
Este vínculo político y profesional ha generado cuestionamientos sobre la independencia del IESS frente al Ejecutivo. Especialmente en un contexto en el que la institución enfrenta crisis financiera y demandas de transparencia en la gestión de recursos públicos.
Contexto y repercusiones
El IESS administra los fondos de seguridad social de más de 3,5 millones de afiliados en Ecuador. Por esta razón, la idoneidad de su directiva resulta crucial para garantizar la confianza ciudadana.
Expertos en derecho público y gobernanza advierten que la falta de cumplimiento de los requisitos legales podría anular nombramientos y decisiones administrativas adoptadas durante la gestión de Lama.
La Contraloría General del Estado y la Fiscalía podrían abrir investigaciones formales. Esto ocurriría si se confirma la existencia de un conflicto de intereses o falsedad en la declaración de experiencia profesional.
Hasta el momento, el Ejecutivo no ha emitido un pronunciamiento oficial sobre la situación del presidente del IESS ni sobre los contratos cuestionados.