La Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos presentó este miércoles 12 de noviembre un informe que documenta tres fallecidos, 473 heridos y 391 casos verificados de violaciones a los derechos humanos durante el paro nacional convocado por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) entre septiembre y octubre de 2025.
Las movilizaciones que duraron 31 días en rechazo a la eliminación del subsidio al diésel, se concentró en provincias como Imbabura y Pichincha, donde el 88% de las heridas ocurrieron, según el reporte validado con más de 700 denuncias iniciales.
El documento, entregado en Quito, confirma las muertes de Efraín Fuérez, baleado por la espalda el 28 de septiembre; José Guamán, impactado en el pecho por un proyectil el 15 de octubre; y Rosa Elena Paqui, reportada por la Conaie como tercera víctima.
Estas cifras surgen en un contexto de crisis económica, con el salario básico en USD $470 y la canasta familiar en USD $819,77, agravada por el alza del diésel de USD $1,80 a USD $2,80 por galón, medida decretada sin consultas previas.
Vulneraciones concentradas en integridad y protesta
Además de las muertes, el informe registra 206 detenciones, con inconsistencias oficiales: la Defensoría del Pueblo reportó 140 y el Ministerio del Interior 142. Entre los casos graves destaca la desaparición temporal de seis días de Juan Aguilar Otavalo, persona con discapacidad del 75%, detenido por militares y policías. El derecho a la integridad personal fue el más afectado, con 155 reportes, seguido del derecho a la protesta (84) y a la libertad personal (44). En el 75% de los incidentes, las denuncias señalan a la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas como responsables.
Por otro lado, la organización documentó patrones de detenciones arbitrarias y uso desproporcionado de fuerza, incluyendo armamento letal como fusiles, carabinas calibre 12 y gases lacrimógenos dirigidos al rostro. Estos abusos ocurrieron en medio de nueve estados de excepción decretados en 2025, que facilitaron la militarización del espacio público y el despliegue de tropas bajo el discurso de “conflicto armado interno”.
Estrategias de control y criminalización
El informe de la Alianza advierte que el Ejecutivo ignoró recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) post-2019 y los pactos de 2022 sobre subsidios. En este contexto, la pobreza rural alcanzaba el 41,7% antes del paro, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC).
Asimismo, se criticó el uso de “convoyes humanitarios” como cobertura para operativos de represión en Imbabura, sin cumplir estándares de neutralidad de la Cruz Roja. El reporte también denuncia la criminalización de la protesta: 13 manifestantes procesados por terrorismo el primer día y bloqueos de cuentas bancarias de organizaciones como Conaie, Alianza Ceibo y Fundación Pachamama por la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), calificados como “táctica de asfixia económica”.
La Alianza insta al Estado a investigar los abusos y garantizar reparaciones, mientras la Conaie realiza campañas contra la consulta popular del 16 de noviembre.