La Junta Provincial Electoral de El Oro resolvió no realizar el voto de las personas privadas de libertad sin sentencia ejecutoriada en el Centro de Rehabilitación Social (CRS) de Varones de Machala, decisión adoptada este miércoles 12 de noviembre de 2025, tras las recomendaciones del Servicio Nacional de Atención Integral (SNAI). La medida responde a la falta de garantías de seguridad y condiciones logísticas, luego de la masacre ocurrida el 9 de noviembre en ese recinto penitenciario.
Suspensión del voto en el CRS de Machala
La presidenta de la Junta Provincial Electoral, Viviana González, informó que la decisión fue tomada de manera oficial tras la sesión mantenida con los delegados institucionales. “Acogimos la resolución de no realizar el proceso del voto para las personas privadas de libertad sin sentencia condenatoria ejecutoriada del centro de varones, por no brindar las garantías técnicas, administrativas, logísticas y de seguridad”, explicó.
En el CRS de Varones de Machala estaban empadronadas 505 personas privadas de libertad, de las cuales 436 son hombres y 69 mujeres. González precisó que las internas del centro femenino de Zaruma sí ejercerán su derecho al voto, al contar con condiciones adecuadas para el desarrollo del proceso.
El SNAI, entidad a cargo de los centros penitenciarios del país, recomendó suspender el sufragio en Machala tras la evaluación de riesgos realizada en coordinación con la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, que advirtieron la imposibilidad de garantizar la seguridad durante la jornada electoral.
Antecedentes recientes en cárcel de Machala
El 9 de noviembre de 2025, una masacre registrada en el CRS de Varones de Machala dejó un saldo de varios internos fallecidos y heridos, según reportes oficiales del Ministerio del Interior. Los hechos motivaron una intervención de control y requisa, además del refuerzo de la vigilancia militar en el perímetro del centro.
Desde entonces, las autoridades han implementado medidas restrictivas en el acceso al penal y en la movilización de personal administrativo, con el fin de prevenir nuevos incidentes de violencia. Ante este escenario, la Junta Electoral consideró que no existían las condiciones mínimas para instalar las Juntas Receptoras del Voto (JRV) dentro del centro penitenciario.
El derecho al voto de las personas privadas de libertad sin sentencia condenatoria está contemplado en la Constitución ecuatoriana y el Código de la Democracia, pero su ejecución depende de la viabilidad logística y de la seguridad institucional garantizada por el Estado.
Preparativos y coordinación para el proceso electoral
Pese a la suspensión parcial en Machala, la Junta Provincial Electoral de El Oro confirmó que el resto de las actividades previas a las votaciones del domingo 16 de noviembre avanzan con normalidad. El Centro de Procesamiento Electoral, ubicado en el colegio Ismael Pérez Pazmiño de Machala, se encuentra operativo y listo para el conteo oficial de votos.
“Todas las instituciones que conforman la mesa de seguridad están coordinadas para que el proceso se desarrolle con normalidad y transparencia”, aseguró González, quien también destacó que observadores, delegados políticos y organizaciones sociales contarán con las garantías necesarias para cumplir su labor.
La funcionaria recordó que los miembros de las Juntas Receptoras del Voto deben asistir a las capacitaciones obligatorias. Hasta el momento, el 77 % de los integrantes ha recibido la formación correspondiente, y las jornadas continuarán hasta el 16 de noviembre en Machala y hasta el 15 en los demás cantones.
Llamado a la participación ciudadana
En su intervención, la presidenta de la Junta Electoral exhortó a la ciudadanía a ejercer su derecho al voto el domingo 16 de noviembre. “La democracia se construye con la participación de todos”, enfatizó.
Además, recordó que los votantes podrán presentar su cédula de identidad, incluso si está caducada, siempre que sea legible y cumpla con los requisitos establecidos por el Consejo Nacional Electoral (CNE).
Las autoridades reiteraron el compromiso institucional de garantizar un proceso transparente, seguro y ordenado en los 14 cantones de la provincia, en el marco de la consulta popular y referéndum de 2025.