A pocos días de la consulta popular y el referéndum del 16 de noviembre de 2025, la asambleísta de ADN, Valentina Centeno, destaca las propuestas impulsadas por el Gobierno.
En un país marcado por la polarización y, en ocasiones, por la desinformación, la legisladora afirma que este proceso representa un punto de inflexión para la seguridad, la economía y el fortalecimiento institucional.
En una entrevista con Noticias Manavisión, Centeno detalló los argumentos con los que el oficialismo respalda temas clave como la cooperación internacional para combatir el crimen organizado, la reducción del número de asambleístas, la eliminación de fondos partidarios y la necesidad de una nueva Constitución.
Desde su perspectiva, el país enfrenta limitaciones normativas y estructurales que dificultan una respuesta efectiva frente a la violencia, la corrupción y el gasto público excesivo.
¿Qué lectura le dejan sus recorridos por Manabí frente a la consulta popular, en medio de un ambiente de polarización y cuestionamientos ciudadanos?
La gran mayoría de ecuatorianos tiene esperanza y entiende que este domingo 16 de noviembre tenemos una oportunidad para reescribir la historia de nuestro país: para decirle sí a la seguridad, para decirle sí a la generación de empleo, para decirle sí a un cambio.
Ahora, no te voy a negar que sí existe mucha desinformación que la oposición desesperada se ha encargado de difundir. Entonces, se quieren inventar que va a haber una regresión de derechos; se quieren inventar que van a venir los Estados Unidos a poner una base en Galápagos y que van a venir los Estados Unidos a, como decimos nosotros, ‘patear el perro’ aquí en el Ecuador.
Se quieren inventar que queremos quitar las pensiones jubilares de las Fuerzas Armadas y de los policías. Completamente falso. Esa desinformación es la que nosotros estamos contrarrestando a través de los medios de comunicación, haciendo vocería con la verdad.
¿Qué implica la propuesta relacionada con bases extranjeras y cooperación internacional?
El presidente ha dicho que no va a existir regresión de derechos; ha dicho que se van a respetar las pensiones de los jubilados, que siempre, reiteradamente, en cada elección vuelven y salen con la misma mentira; que no van a existir bases militares en Galápagos; que, además, las bases extranjeras son un mecanismo de cooperación que pasa por un proceso.
El domingo (día de la consulta popular y referéndum) vamos a decirle sí a que se elimine un bloqueo que solo tienen Ecuador, Venezuela y Bolivia en toda la región, que prohíben las bases extranjeras.
Las bases extranjeras son el mecanismo de cooperación que las mismas Naciones Unidas, la OEA, la Unión Europea y los distintos organismos internacionales recomiendan para poder combatir al crimen transnacional.
¿En qué medida la prohibición de cooperación internacional debilitó la capacidad del país para enfrentar el narcotráfico y la violencia ejercida por las bandas?
Estamos atados de manos para combatir al narcotráfico, realmente a propósito, porque fue lo que buscaron los gobiernos del pasado cuando pusieron esta prohibición. Y están ahí las cifras: cómo disminuyó la incautación de droga en el Ecuador en un 80% el año siguiente de la salida de la Base de Manta; aumentaron las muertes y toda esta ola de violencia.
El Ecuador en el 2007 ni aparecía en los reportes e informes de las Naciones Unidas respecto a los laboratorios de cocaína. A partir del 2008, no solamente que aparecemos, sino que además nos hemos convertido en un punto estratégico de exportación de cocaína a los Estados Unidos y a Europa. Esa es la lamentable realidad.
Las bandas se pelean por territorio. ¿Territorio por qué? Por el control de ese negocio de narcotráfico, que es lo que después nos genera muertes, violencia, terror en las calles, generaciones enteras perdidas, niñas y niños vinculados al microtráfico, estudiantes que son amedrentados en los colegios. Estamos con una prohibición para poder cooperar en vigilancia, acceder a tecnología, radares, escáneres, centros de operación, centros de mando.
Aquí no es el tema de Estados Unidos. El presidente ha dicho que tiene conversaciones con Brasil, Francia, Reino Unido, porque tenemos que poder cooperar a distintos niveles. Esta es una herramienta que nos está bloqueando. Así como estos grupos delictivos operan con alianzas internacionales, nosotros también debemos poder cooperar con otros países para poderlos combatir.
¿Es necesaria la reducción del número de asambleístas? ¿Afectará a provincias como Manabí?
El Ecuador necesita priorizar el gasto público en salud, educación, programas sociales y no seguir financiando gastos y burocracia excesiva. Lamentablemente, el gasto en el Congreso es completamente excesivo y esto responde a una política que también han utilizado otros países, como Italia, Alemania y el mismo El Salvador, que han optado por ahorro fiscal y por tener un Congreso más pequeño, más concentrado, que puede ser más eficiente.
Lamentablemente, el Congreso no ha demostrado que por tener más cantidad de asambleístas tiene un mejor trabajo. Lo que hemos visto son cenicerazos, pugnas políticas, problemas de corrupción, el mayor lugar de desinformación en el país, show político, y eso no nos está sacando de ningún apuro.
Estamos en un punto en el que el Ecuador necesita ordenar sus finanzas, gastar menos de lo que ingresa. Lamentablemente, la situación no ha sido así por cómo nos han heredado los gobiernos nefastos del pasado. Cada centavo debe invertirse en salud pública, educación pública gratuita y programas sociales, y no en seguir financiando burocracia, que lamentablemente lo que hace es un populismo legislativo.
Esto nos implicaría un ahorro de 13,3 millones de dólares anuales, con una Asamblea más reducida, mejor coordinada, y algo muy importante: esto va a tener como impacto que la ciudadanía va a tener mayor control de sus legisladores, porque sí pasa que muchos ciudadanos ni conocen a sus asambleístas. Ahora van a tener un mayor control, porque como son menos, tienen que preocuparse por quiénes eligen, quiénes nos representan y por controlar el trabajo que ellos hacen.
¿La eliminación del fondo permanente partidario afecta a la democracia? Algunos analistas cuestionan la pertinencia de la interrogante incluida en la consulta popular y el referéndum.
Aquí lo que se está planteando es cortar un fondo permanente partidario. El fondo permanente partidario es un fondo que se asigna a ciertos partidos políticos nacionales que implica 400 mil dólares anuales en gastos ya ni siquiera administrativos -yo decía en mis entrevistas “gastos administrativos”-, son gastos personales: cirugías estéticas, uñas, una reconstrucción vaginal. Temas que no tienen nada que ver con procesos democráticos, con formación de líderes, con formación de jóvenes.
Ahora, hay otro fondo, que es el fondo de promoción electoral, que es el que tiene cualquier candidato cuando quiere publicitar o promocionar sus propuestas. Eso se mantiene, y ese es el derecho que van a tener todas las personas para acceder a medios digitales, medios de comunicación, vallas publicitarias para promocionarse.
Hay algunos partidos que reciben fondos de un millón de dólares y tienen menos del 1% de votación en el país, 0,57%. No representan la voluntad del pueblo.
Estamos en un punto en el que en Ecuador hay que decir basta a los gastos innecesarios y ser realmente conscientes y austeros. La plata tiene que llegar a las personas que más lo necesitan.
¿Por qué considera necesaria una nueva Constitución?
Tenemos una Constitución que pone los derechos de la víctima al mismo nivel que los derechos de los acusados, criminales y delincuentes. Tenemos una Constitución que, a pesar de que usted encuentre cometiendo el delito a un delincuente en flagrancia, no puede dictarle prisión preventiva. Tiene que agotar otros mecanismos y luego llegar a la conclusión de que puede ser una prisión preventiva.
Aunque usted encuentre a un delincuente reincidiendo, cometiendo por tercera vez el mismo delito, tampoco le puede dictar prisión preventiva. Es un sinsentido esta hiperprotección que existe a los criminales.
Agentes penitenciarios no pueden estar armados en las cárceles, no pueden hacer uso de la fuerza, y por eso hemos visto miles de escándalos en las cárceles del Ecuador, donde reinaba el mando de los cabecillas de los grupos delictivos. El presidente ha tenido que buscar mecanismos e intervenir con militares.
Tenemos una Constitución que le da poderes por encima de todo a nueve jueces de la Corte Constitucional, que no les parece que estamos ante un crimen, que no se justifica el conflicto armado interno y que, por lo tanto, bloquean las leyes del presidente. Que no les parece que hay que aplicar penas más severas a jueces y fiscales corruptos que sueltan a delincuentes al día siguiente y no dictan prisión preventiva.
Por otro lado, bloquea la inversión internacional al no permitir seguridad jurídica, ya que no incluye cláusulas como el arbitraje internacional. Tampoco está pensada para la realidad tecnológica actual, donde la innovación impulsa el 85% del crecimiento económico. Por lo tanto, necesitamos modernizarla y esta es una gran oportunidad.
¿Qué fallas institucionales señala en el Consejo de Participación Ciudadana y en los gobiernos locales que evidencian la necesidad de reformas?
El Consejo de Participación Ciudadana representa casos de corrupción. El caso Ligados demuestra cómo este era un ente imparcial que luego se demostró que pertenecía y hacía política por un partido que era la RC5.
Quería meter la mano en la Asamblea para luego meter la mano en la Superintendencia de Bancos. Un Consejo de Participación Ciudadana que designa 71 autoridades nacionales. Así podemos seguir hablando de una reestructuración en cuanto a la organización territorial, en cuanto a las competencias de los Gobiernos Autónomos Descentralizados.
Hay que debatir estos temas porque las necesidades siguen. El agua potable sigue siendo un problema que debemos atender. Este Gobierno ha invertido más de 100 millones de dólares en agua potable en Manabí.
Es una de las provincias en las que más se ha invertido en proyectos de agua potable, a pesar de que no es una competencia del Gobierno central. Nos topamos con alcaldes en algunos cantones que simplemente no han invertido en plantas potabilizadoras.
¿Cuál es su mensaje final para los ecuatorianos de cara a la consulta popular y el referéndum?
Tenemos que votar cuatro veces sí si queremos combatir realmente el narcotráfico, si queremos ponerle mano dura al crimen organizado. También si queremos que nuestras futuras generaciones, nuestros hijos, nuestras hijas, nuestros nietos y los que vienen puedan vivir en un país de paz.
Si queremos un país donde ya no campe la corrupción, sino que realmente sea un país eficiente. Donde no tengamos tanta burocracia, tantas colas, tantas filas, tanto trámite, sino mucha más tecnología e innovación en cada uno de los ministerios.
Un país donde realmente el eje central sea la generación de empleo, sobre todo para los jóvenes que se gradúan de las universidades. Que tengan la posibilidad de acceder a carreras técnicas, que se fortalezcan y que de esta forma se pueda disminuir el desempleo.
Tenemos que generar empleo y esto lo podemos lograr a través de una Constitución como un primer paso. Aquello vendrá sumado con inversión pública, con la reestructuración del Estado, con la mejora de las finanzas.
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