Los prestadores de servicios de salud externos de nivel 2 del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) anunciaron la suspensión de la atención a pacientes derivados a partir del 1 de diciembre. La medida responde a una deuda acumulada que, según voceros gremiales, supera los 40 meses de mora por parte del organismo de seguridad social. Esta acción colectiva busca presionar a las autoridades para que cancelen los valores pendientes o presenten un plan de pago programado, ante una situación financiera calificada como “crítica” que amenaza la operatividad de los centros médicos privados.
La suspensión de servicios afecta directamente a los afiliados que dependen de la derivación a clínicas y hospitales privados para recibir atención especializada. Los prestadores de salud externos de nivel 2, que agrupan a diversos centros a nivel nacional, informaron en un comunicado que la falta de pagos los obliga a considerar el cierre de sus puertas y el despido de personal médico y administrativo.
Según el gremio, el IESS mantiene impagos desde los años 2023 y 2024, y en el 2025 solo se han recibido pagos parciales en algunos meses, lo que evidencia una falta de liquidez sistémica.
Agravamiento de la crisis y tratamientos vitales
La vocera de los prestadores de salud de segundo nivel, Cristina Freire, precisó en declaraciones que la deuda total asciende a más de $1.000 millones de dólares, y que esta se arrastra desde mayo de 2023. Freire denunció una presunta discrecionalidad en los pagos, asegurando que solo ciertas clínicas grandes de tercer nivel estarían recibiendo fondos, mientras que los centros pequeños permanecen sin recibir nada.
La falta de pago tiene consecuencias directas en la salud pública. Ramón Vélez, presidente de la federación provincial del Seguro Social Campesino, advirtió sobre el “agravamiento constante” de la crisis. Reportes internos del gremio indican que algunas dializadoras han disminuido la frecuencia de las diálisis a los afiliados, un tratamiento vital cuya interrupción puede empeorar rápidamente la condición de los pacientes.
Opacidad y falta de auditorías
Los prestadores de servicios denunciaron además problemas administrativos en el IESS. En la Coordinación Provincial del Guayas, por ejemplo, el proceso de auditoría de 2025 presenta retrasos significativos a pesar de que la documentación requerida fue entregada oportunamente por los prestadores.
El dirigente Ramón Vélez cuestionó la gestión de las autoridades y la falta de inversión en equipos médicos propios del IESS para reducir la dependencia de los servicios privados. Criticó la opacidad en el uso de los recursos y la ejecución presupuestaria, poniendo en duda el destino de los fondos recaudados y las asignaciones gubernamentales, como la oferta de pago de 370 millones de dólares que tendría el Gobierno para el IESS.
Soluciones propuestas y alcance local
Washington Macías, presidente del Colegio de Médicos de Manabí, alertó que el sistema de prestación externa ha llegado a su límite. Macías sugirió que la única posibilidad real para abordar la crisis es declarar el sistema de salud pública en estado de emergencia. Además, propuso la conformación de un comité multidisciplinario que integre al Gobierno, la academia y los colegios profesionales para encontrar soluciones prácticas e integrales.
A nivel local, el Hospital San Antonio de Padua de Portoviejo confirmó que continuará atendiendo a los pacientes derivados del IESS, a pesar de la deuda existente. Antonio Sánchez, gerente del lugar, indicó que mantienen su compromiso de servicio, aunque reconoció que el IESS les debe dos meses de 2023, todo el 2024 y lo que va de 2025, sin especificar el monto exacto.
Contexto financiero y deuda histórica
La deuda con los prestadores externos se enmarca en una problemática financiera más amplia entre el IESS y el Estado. Según información periodística, el Gobierno nacional asignó en la Proforma presupuestaria de 2026 una partida de $350 millones para el pago de la deuda con el IESS, valores que solo se cancelan una vez que son auditados y validados.
El Ministerio de Economía y Finanzas ha señalado que, si bien el IESS puede registrar un valor total en sus balances por la deuda histórica, el reconocimiento oficial para el pago depende de la validación mediante auditoría. En total, el IESS reclama al Ministerio de Economía y Finanzas $417.578 millones por la contribución estatal obligatoria para cubrir la salud de afiliados con enfermedades catastróficas y jubilados, una deuda que data desde 2001. A estos valores se suman las transferencias de $2.900 millones que hará el Estado en 2026 para cubrir su aporte del 40% para las pensiones del IESS.