El proyecto de ley que crea la Carrera Profesional de Educadores fue presentado por Héctor Rodríguez y Viviana Veloz ante la Asamblea Nacional este mes en Quito, con el fin de regular las condiciones laborales del personal de los Centros de Desarrollo Infantil (CDI) y fortalecer la atención a menores de seis años.
Propuesta presentada ante el Legislativo
Los proponentes entregaron la iniciativa después de revisar la situación actual del personal que labora en los CDI del país. El texto cita el artículo 46 de la Constitución, que fija la obligación estatal de garantizar atención integral en nutrición, salud y educación para los niños. Los legisladores sostienen que la medida permitirá ordenar la relación laboral con un régimen especial. Además, buscan cerrar brechas entre el personal de los CDI y los docentes del sistema educativo formal.
El proyecto menciona que las educadoras trabajan bajo contratos frágiles. También indica que muchas labores se cumplen mediante terceros. Esta práctica limita el acceso a la seguridad social completa. Los proponentes aseguran que la nueva estructura mejorará los estándares de servicio para la primera infancia. La Carrera Profesional de Educadores se vuelve un eje para alcanzar ese objetivo.
El texto cita el informe de la Contraloría General del Estado (2023). Ese documento señala que 12.000 trabajadores laboran en los CDI y que 85 % permanece en esquemas tercerizados. Esta cifra respalda la urgencia de un régimen que estabilice la plantilla. Con la propuesta, el personal tendrá un marco que ordenará la formación, la remuneración y la relación laboral.
Contenido del proyecto
La iniciativa establece tres niveles dentro de la Carrera Profesional de Educadores: técnico, profesional y directivo. Cada nivel dependerá de la formación, la experiencia y la capacitación certificada. El documento fija parámetros para progresar dentro del sistema. También define cómo se estructurarán los procesos de evaluación y acreditación.
El proyecto incorpora líneas claras sobre formación continua. Los legisladores indican que la capacitación permitirá elevar la calidad del servicio en los CDI. Cada trabajador deberá actualizar competencias mediante cursos avalados por las instituciones competentes. El proyecto detalla criterios de evaluación simple. También propone un sistema transparente para registrar los avances.
El régimen remunerativo ocupa un capítulo extenso. La propuesta fija remuneraciones dignas y condiciones laborales estables. El pago se equiparará al nivel que corresponda dentro de la estructura. El texto precisa que el régimen mantendrá beneficios ajustados a la normativa vigente. También define cómo se aplicará la seguridad social integral.
Reformas legales adicionales
La iniciativa plantea cambios en la Ley Orgánica de Educación Intercultural. La reforma busca integrar la carrera dentro del sistema nacional. También modifica la Ley Orgánica del Servicio Público, con el fin de reconocer el régimen especial para quienes laboran en los CDI. Estas reformas permitirán que el nuevo modelo funcione sin conflictos normativos. Además, facilitarán procesos administrativos coherentes y simples.
Los proponentes esperan que el análisis avance en las comisiones correspondientes. El debate definirá cómo se implementará la estructura propuesta. También permitirá ajustar aspectos técnicos que faciliten su aplicación.