La bancada de Revolución Ciudadana presentó un pedido de juicio político contra el presidente del Consejo de la Judicatura, Mario Godoy, acusándolo de 11 incumplimientos a sus funciones, en un movimiento que busca su destitución inmediata. El documento, firmado por la legisladora Viviana Veloz y respaldado por su bloque, se entregó a la Asamblea Nacional en diciembre de 2025, justo antes de la vacancia legislativa. Este accionar se produce en medio de escándalos por presuntas presiones judiciales y conflictos de interés, y será revisado por el Consejo de Administración Legislativa (CAL) en una semana, al retorno de las vacaciones. Si cumple requisitos, pasará a la Comisión de Fiscalización, de mayoría oficialista.
Simultáneamente, el asambleísta Luis Fernando Molina, también de Revolución Ciudadana, impulsó un segundo pedido contra cinco consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs), por irregularidades en la designación de Mario Godoy. Las acusaciones apuntan a compromisos en la independencia judicial y violaciones constitucionales, en un contexto de tensiones políticas que involucran al correísmo y al oficialismo en la lucha por el control de instituciones clave en Ecuador.
Acusaciones específicas contra Mario Godoy
Según el medio Ecuavisa, Entre los cargos contra Godoy, se destaca el conflicto de intereses por no sancionar a su subordinado Henry Gaibor, director provincial de la Judicatura. Además, se le imputa presuntas presiones en una causa donde su esposa actuó como patrocinadora, lo que habría comprometido la transparencia del proceso. Otro punto clave es la omisión en la protección de jueces amenazados, como en el caso del juez Carlos Serrano. A él se le redujo la seguridad pese a amenazas recibidas del narcotraficante serbio Jezdimir Srdan, procesado en el caso Euro 2024.
La denuncia también menciona presiones denunciadas por la jueza Nubia Vera en el caso de la exvicepresidenta Verónica Abad. Se argumenta que estas acciones han afectado la independencia y transparencia de la Función Judicial ecuatoriana. Estos 11 incumplimientos, según Veloz, justifican el enjuiciamiento político para restaurar la credibilidad en el sistema judicial.
Pedido contra consejeros del Cpccs
En el segundo pedido, Molina acusa directamente al presidente del Cpccs, Andrés Fantoni. También figura la vicepresidenta Johana Verdezoto; y a los consejeros David Rosero, Jazmín Enríquez y Piedad Cuarán. Aunque esta última se abstuvo en la votación– de incumplimiento de funciones en la designación de Godoy. Se alega que autorizaron una Comisión Técnica con aparentes conflictos de interés que favorecieron a Godoy, lo que contravendría normas éticas y legales.
Además, se les imputa haber archivado impugnaciones con pruebas válidas, ignorando la Constitución y el reglamento interno del Cpccs. Molina sostiene que desoyeron alertas graves que ahora son objeto de investigación, comprometiendo la legitimidad del proceso de selección de autoridades judiciales. Estas acusaciones resaltan disputas por el control institucional, en un escenario donde Revolución Ciudadana busca fiscalizar designaciones previas.
Proceso legislativo y contexto político
Ambos pedidos han sido remitidos al CAL, que evaluará su admisibilidad en la semana siguiente al fin de la vacancia legislativa, programada para enero de 2026. Si se validan los requisitos formales, los casos avanzarán individualmente a la Comisión de Fiscalización.