El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, suscribió la noche del 31 de diciembre de 2025 el Decreto Ejecutivo 277, mediante el cual declara un nuevo estado de excepción por grave conmoción interna en nueve provincias y tres cantones del país.
La medida, que tendrá una vigencia de 60 días durante el inicio de este 2026, responde a informes técnicos que advierten sobre una intensificación de la violencia y el crimen organizado. El objetivo estatal es neutralizar las dinámicas delictivas en corredores logísticos estratégicos y zonas de alta influencia criminal.
Territorios bajo Estado de Excepción
La declaratoria abarca las provincias de Guayas, Manabí, Santa Elena, Los Ríos, El Oro, Pichincha, Esmeraldas, Santo Domingo y Sucumbíos. Adicionalmente, se incluyen los cantones de La Maná (Cotopaxi), junto a Las Naves y Echeandía (Bolívar).
Esta nueva disposición integra a Pichincha, Santo Domingo, Sucumbíos y Esmeraldas, territorios que se sumaron a la lista debido a una escalada criminal y hechos violentos de alto impacto registrados en las últimas semanas.
Bajo este marco legal, se suspenden los derechos a la inviolabilidad de domicilio y de correspondencia. Esto faculta a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional para realizar allanamientos inmediatos y recopilar información necesaria para prevenir amenazas.
El Gobierno justifica la focalización de estas medidas señalando que la criminalidad no solo persiste, sino que se ha extendido territorialmente de manera interconectada.
Impacto de la violencia en cifras
Provincias como Guayas, Manabí, Los Ríos y El Oro enfrentan una situación crítica, acumulando ya más de 550 días bajo regímenes de excepción de forma intermitente.
A pesar de estas intervenciones, los datos oficiales del Ministerio del Interior hasta noviembre de 2025 muestran cifras históricas de muertes violentas. Por ejemplo, Guayas concentró el 45% de los homicidios a nivel nacional durante el año pasado.
Por su parte, las provincias de Los Ríos y Manabí superaron por primera vez la barrera de las 1.000 muertes anuales. Así, se evidenció que el control de la seguridad sigue siendo el desafío principal del Estado.
La respuesta gubernamental se enmarca en la declaratoria de “conflicto armado interno” vigente desde 2024, que califica a los grupos delincuenciales como objetivos terroristas.
Cabe mencionar que Pichincha, Santo Domingo, Sucumbíos y Esmeraldas se sumaron al Estado de Excepción debido a una “intensificación de hechos violentos de alto impacto y la escalada criminal”.
Facultades de las fuerzas de seguridad
Con la entrada en vigor del Decreto 277, las operaciones militares y policiales se intensificarán en los corredores logísticos identificados como rutas de narcotráfico y extorsión.
La suspensión de la inviolabilidad de domicilio busca agilizar la captura de cabecillas de bandas criminales. Esto, sin necesidad de una orden judicial previa en situaciones de flagrancia o inteligencia confirmada.
El Estado ecuatoriano mantiene su estrategia de intervención directa.