La captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos y su posterior traslado a Nueva York para enfrentar a la justicia marcó un momento histórico para Venezuela y para toda América Latina. Más allá del hecho en sí, la situación plantea preguntas clave sobre la legalidad de la acción estadounidense, el futuro del poder político en Venezuela y más.
En entrevista con El Diario, Santiago Carranco Paredes, PhD en Estudios Internacionales y quien dirige el Laboratorio de Relaciones Internacionales de la Universidad Internacional del Ecuador, explica por qué, desde el derecho internacional, esta acción puede considerarse una agresión contra un Estado soberano, aunque Estados Unidos la justifique con sus propias leyes internas y su lucha contra el narcotráfico y el terrorismo.
El experto también advierte que la salida de Maduro no significa automáticamente el fin del régimen, ya que existen otras figuras y estructuras que mantienen el control del poder. Además, analiza los riesgos de una transición lenta, el posible aumento de la migración en la región y las implicaciones para países que ya han endurecido sus políticas migratorias. También aborda qué puede ocurrir con los refugiados en medio de este nuevo escenario.
Desde el derecho internacional, ¿cómo debe entenderse lo ocurrido recientemente entre Estados Unidos y Venezuela?
Lo que pasó el día sábado, bajo los cánones tradicionales del derecho internacional público, es una agresión por parte de Estados Unidos a un Estado soberano, que es Venezuela. Esto porque viola justamente los principios de los pueblos civilizados y viola, obviamente, la Carta de las Naciones Unidas.
Pero entonces, ¿por qué Estados Unidos decide hacerlo? Porque después del 11 de septiembre de 2001 ellos hacen una cosa que se llama la Ley Patriótica. Y esta Ley Patriótica lo que hace es permitirles luchar contra el terrorismo a nivel mundial y que cualquier Estado que se oponga a esto será su enemigo.
Entonces, ellos declaran al Cartel de los Soles como un grupo terrorista y esto genera que, desde su seguridad interna, Estados Unidos tenga que luchar contra este grupo terrorista. Y lo vinculan a Nicolás Maduro como parte de esta organización. Aquí se vinculan dos cuestiones: la primera, la lucha contra el narcotráfico, y la segunda, la lucha contra el terrorismo.
¿Existe una justificación legal para esta acción?
Bajo la salud pública de Estados Unidos, esto le está costando muertes y muchísimas pérdidas económicas. Hay una justificación interna, legal, de Estados Unidos, pero no hay una justificación a nivel internacional… Realmente una potencia como Estados Unidos puede hacer lo que quiera, por eso es que justifica, bajo su ley interna, este ataque y después, obviamente, la captura de Nicolás Maduro.
¿Qué escenarios se abren ahora para Venezuela?
El mando tiene que pasar a la vicepresidenta en este momento. Pero Donald Trump ha dicho que va a ayudar a gobernar para una transición pacífica. Esto es muy importante porque, si Estados Unidos gobierna Venezuela, esto sí sería una agresión y sería completamente en contra de las propias razones por las cuales Estados Unidos ejecutó este ataque.
También hay que entender que el régimen no es sólo Nicolás Maduro. El régimen de Venezuela tiene un montón de caras y un montón de estructuras, las cuales son muy difíciles de que puedan salir.
No es que de un día para el otro esto se vaya a solucionar. Por otro lado, la llamada a las elecciones sería lo correcto o lo más sano en este momento, obviamente respetando los acuerdos de Barbados que nos respetaron en las últimas elecciones.
¿Qué impacto tendrá esto en la región?
Por el momento yo creo que vienen las horas más oscuras para Venezuela, un pueblo que está golpeado económicamente y políticamente.
¿Qué podemos esperar como América Latina? Obviamente, siempre se van a activar las oleadas migratorias. El gran problema es que muchos de los países han alzado, obviamente, sus barreras migratorias: Chile, Argentina, Ecuador, recientemente.
Por otra parte, el tiempo es primordial. Porque imagínense un pueblo en el cual ya está desgastado y en el cual ya hay presencia del narcotráfico; que no haya gobierno es, justamente, darle un espacio territorial a que los carteles se reproduzcan. Va a ser muy importante que esta transición sea rápida.
¿Qué ocurre con las personas refugiadas o asiladas políticamente cuando el jefe de Estado que les otorgó ese estatus es detenido o deja de ejercer el poder?
Hay que determinar la diferencia entre un migrante económico y un refugiado. Migrantes económicos son muchos de los venezolanos que nosotros tenemos aquí en el país. Pero un refugiado es una persona que el otro Estado le ha aceptado esa condición. Pasa por un proceso legal y el otro Estado asume justamente esa responsabilidad. Y un asilado político también. En este caso, el gobierno no se compromete personalmente, sino como Estado.
Lo que nosotros (Ecuador) hicimos con Julian Assange fue completamente en contra de cualquier acuerdo internacional, regional o bilateral que hayamos firmado. En teoría no se puede anular esa condición, pero como vemos en el mundo y en América Latina, cualquier cosa puede pasar. Hay, obviamente, una serie de convenciones específicas al refugio, en las cuales Venezuela, Ecuador y Estados Unidos son tratantes.
¿Existe el riesgo de que estas personas puedan ser detenidas o extraditadas a sus países de origen tras un cambio abrupto de gobierno?
Un país es contratante de un acuerdo bilateral o multilateral y existe un principio internacional que se llama pacta sunt servanda: el derecho y los tratos están hechos para cumplirse. Cuando un país otorga un asilo político, esto quiere decir que pasó por toda una evaluación y por toda una revisión.
Todos los convenios internacionales son súper claros en que no es un gobierno (Nicolás Maduro) el que le está dando el asilo, sino es el Estado mismo. Y al ser, obviamente, un tema específico de derechos humanos, no se lo puede derogar.
Creo que tiene que haber una justificación muy bien planteada para poder derogar cualquier tipo de asilo, y esto no solo en Venezuela, sino en cualquier país del mundo. Ecuador le quitó el asilo a Julian Assange y una de las justificaciones era porque no se comportaba bien en la embajada, porque era desordenado. Eso no fue algo muy justificado.
En caso de que un nuevo gobierno asuma el poder, ¿puede revisar, revocar o anular los asilos políticos concedidos por la administración anterior?
La caída de Nicolás Maduro no significa una transición inmediata del régimen. La figura del asilo no depende específicamente de un régimen. Ahora bien, si este régimen, de una u otra manera, incumplió los pactos básicos y otorgó estos asilos, y se demuestra empíricamente que fueron concedidos para proteger a un delincuente, en ese caso tendría que existir, obviamente, todo un proceso de derogación del estatus de asilado.
Este proceso toma bastante tiempo y es estrictamente legal; no es que, simplemente por una orden presidencial del nuevo gobernante, se pueda decir que el asilo se terminó. Esto es en términos legales. Sin embargo, si se opta por recurrir a las mismas prácticas autoritarias, sí se puede hacer.
¿Qué obligaciones internacionales mantiene el Estado receptor frente a los asilados políticos, aun cuando atraviesa una crisis institucional o un vacío de poder?
Las obligaciones son exactamente las mismas. Con los refugiados existen obligaciones específicas, como asegurar los medios de vida, y con el asilado están las obligaciones de garantizar que no sea retornado al lugar del cual huyó, porque justamente se realizó una evaluación y un proceso para determinar que, en efecto, esta persona era perseguida y que sus derechos estaban siendo vulnerados en su lugar de origen.
La verdad es que no existe un riesgo inminente. La transición va a durar mucho tiempo y, cuando ya todo se ordene, se evaluará tal vez alguno de estos casos. Pero, de manera inmediata, aunque cambien los gobiernos, no tiene por qué modificarse el estatus migratorio de ninguna persona.