La bancada de Acción Democrática Nacional (ADN) anunció este lunes 5 de enero de 2026 en la Asamblea Nacional que solicitará al Consejo Nacional Electoral (CNE) información sobre la licitud y legalidad de los fondos utilizados en las campañas electorales del movimiento Revolución Ciudadana (RC). Este es liderado por el exmandatario Rafael Correa.
Esta medida, presentada en rueda de prensa por la jefa de bancada Valentina Centeno, surge a raíz de la captura del expresidente venezolano Nicolás Maduro por Estados Unidos el 3 de enero. Maduro enfrenta cargos de narcotráfico, con presuntos vínculos entre líderes correístas y el régimen madurista. Esto, en un contexto de prohibición legal en Ecuador de recibir recursos externos, especialmente de redes transnacionales de narcotráfico.
Centeno enfatizó que la solicitud busca fiscalizar los aportes recibidos por RC. Ella argumentó indicios de conexiones con el Cartel de los Soles, supuestamente liderado por Maduro. “En este país está prohibido recibir recursos del exterior y menos si son recursos que provienen de una red transnacional de narcotráfico”, declaró la asambleísta.
El crimen no solo se infiltra en las calles, también está en la política. Los que defienden a Maduro protegen a grupos de delincuencia organizada.
La bancada ADN iniciará un proceso de fiscalización para conocer el origen del financiamiento de las campañas del correísmo.
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— Bancada ADN (@BancadaADN) January 5, 2026
Vínculos alegados con narcotráfico venezolano
El Gobierno de Daniel Noboa respaldó la captura de Maduro, mientras RC rechazó la acción. El secretario de Integridad Pública, José Julio Neira, recordó el 3 de enero una investigación sobre pagos y contratos de Petróleos de Venezuela ECUADOR S.A. Estos habrían beneficiado a actores correístas, incluyendo al hermano de Jorge Glas y figuras cercanas a Luisa González. Esta declaración se alinea con informes de inteligencia mencionados por Centeno, que vinculan al Cartel de los Soles con el Tren de Aragua y bandas ecuatorianas, contribuyendo a la escalada de violencia en Ecuador.
La rueda de prensa de ADN se realizó antes de una sesión extraordinaria en la Asamblea, donde se escuchará al presidente del Consejo de la Judicatura, Mario Godoy Naranjo. Centeno afirmó: “Existen vínculos demostrados entre el régimen narcoterrorista y la Revolución Ciudadana. Quienes han defendido a Maduro, lo han apoyado, lo asesoran, son quienes hoy pretenden desestabilizar a un Gobierno para volver a tomarse el poder”. Agregó que el narcotráfico infiltra no solo las calles sino la política, exigiendo transparencia para evitar “crimen organizado disfrazado de política”.
Propuesta en la Asamblea Nacional
En la plenaria, ADN planea proponer un cambio en el orden del día para que el Parlamento se pronuncie sobre las consecuencias del régimen de Maduro en Ecuador durante décadas. Allí se incluyen, la expansión del narcotráfico, crimen organizado y desplazamiento de millones de venezolanos. También busca rechazar el encubrimiento o silencio político frente a organizaciones criminales en Venezuela. Sin embargo, la Ley Orgánica de la Función Legislativa (LOFL) no permite modificaciones en el orden del día en sesiones extraordinarias.
El contexto de esta iniciativa se enmarca en tensiones políticas postelectorales en Ecuador, donde el financiamiento de campañas ha sido escrutado por autoridades electorales. Datos del CNE indican que las normativas prohíben estrictamente aportes extranjeros, con sanciones que incluyen inhabilitaciones.
En específico, el artículo 360 del Código de la Democracia de Ecuador prohíbe expresamente que las organizaciones políticas reciban, de forma directa o indirecta, aportes de empresas, instituciones o Estados extranjeros, entre otras fuentes restringidas. Las sanciones por infracciones relacionadas con financiamiento ilícito, incluidas contribuciones prohibidas, se detallan en el artículo 281 y otras disposiciones afines, como suspensiones de derechos políticos por 2 a 4 años, multas equivalentes al doble o triple del monto involucrado, pérdida del cargo, denuncias penales y inhabilitaciones para candidaturas o elecciones por hasta 5 años (artículo 378).