El presidente del Consejo de la Judicatura, Mario Godoy, compareció este 5 de enero de 2026 ante el Pleno de la Asamblea Nacional, en Quito, para explicar su actuación frente a la denuncia del juez anticorrupción Carlos Serrano, quien alertó sobre supuestas presiones internas vinculadas a un proceso penal sensible, lo que motivó un intenso cruce entre bancadas.
Cuestionamientos políticos
La sesión legislativa estuvo marcada por cuestionamientos políticos. Acción Democrática Nacional (ADN) condicionó su respaldo a un eventual juicio político a la claridad de las respuestas. Revolución Ciudadana (RC), sin embargo, advirtió un posible acuerdo político para sostener a Godoy en el cargo. Además, la comparecencia se desarrolló tras un cambio del orden del día aprobado por mayoría.
Mario Godoy sostuvo que la renuncia del juez Carlos Serrano no tiene efectos inmediatos. Explicó que existe un procedimiento administrativo destinado a evitar que procesos judiciales queden sin resolución. También señaló que Serrano mantenía bajo su jurisdicción casos de delincuencia organizada, cuya continuidad debía garantizarse.
El titular del Consejo de la Judicatura afirmó que se revisó el despacho de causas del juez. Indicó que se detectaron demoras en la emisión de sentencias escritas. “¿A quién beneficia que no se emitan sentencias?”, cuestionó ante el Pleno. Sin embargo, evitó atribuir responsabilidades penales y se limitó al ámbito administrativo.
Procedimientos administrativos y cuestionamientos internos
Godoy presentó otro antecedente. Relató que una jueza en Esmeraldas se jubiló durante la administración de Wilman Terán sin documentación completa. Según dijo, la magistrada dejó más de cien sentencias pendientes, varias declaradas nulas. Por ello, cuestionó la falta de fiscalización previa de esos hechos.
El funcionario negó represalias contra Serrano. Recordó el caso del juez Iván Saquicela, cuya renuncia fue aceptada veinte días después pese a tener una sola causa pendiente. Mientras, insistió en que la actuación de la Judicatura siguió parámetros ordinarios y verificables.
Sobre el caso específico, Godoy calificó de falacia la versión de presiones para integrar el tribunal del proceso Triple A, vinculado al alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez. Mostró el acta de sorteo del 24 de julio de 2025, que, según dijo, demuestra que Serrano fue designado desde el inicio.
Seguridad judicial y acusaciones políticas
Godoy aseguró que los pedidos de teletrabajo de Serrano se tramitaron de inmediato. Añadió que el Consejo de la Judicatura solicitó a la Policía Nacional restituir la seguridad del juez. También precisó que la Judicatura no dispone esquemas de protección, función asignada a la Policía mediante informes técnicos.
Afirmó que la narrativa sobre un retiro deliberado de seguridad carece de respaldo documental. Señaló que en el país existen 47 jueces con seguridad estatal, 15 de ellos anticorrupción. Luego, sostuvo que la renuncia de Serrano busca afectar su imagen y abrir frentes políticos en su contra. Durante su ingreso al hemiciclo, Godoy desmintió una fotografía difundida en redes que lo vinculaba con Fausto Jarrín. La calificó como información falsa. Finalmente, denunció un linchamiento mediático que, dijo, ha impactado a su familia durante semanas.
Contexto legislativo y posiciones de bancada
La comparecencia se dio tras un debate sobre Venezuela, aprobado con 78 votos, que retrasó la intervención. Mientras, ADN reiteró que Godoy “debe dar la cara”. RC, por su parte, expresó dudas sobre la veracidad de sus explicaciones y habló de una estrategia para cambiar la narrativa.
Godoy compareció como presidente en funciones del Consejo de la Judicatura, luego de concluir una licencia el 2 de enero de 2026. La Asamblea deberá evaluar los insumos presentados para definir los siguientes pasos políticos.