En un operativo de alta coordinación internacional, las autoridades lograron la detención de Miguel Morocho Rodríguez, quien se desempeñó anteriormente como concejal en la provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas. El anuncio fue realizado por el Ministro del Interior de Ecuador, John Reimberg, a través de su cuenta oficial en la red social X, donde destacó la efectividad de las instituciones de seguridad para localizar a ciudadanos con deudas pendientes ante la justicia. La aprehensión del exfuncionario representa un golpe significativo contra la impunidad en delitos contra la vida que han conmocionado a la opinión pública local durante los últimos meses de gestión institucional.
La situación legal que pesa sobre Miguel Morocho Rodríguez se remonta a un proceso judicial por el grave delito de tentativa de asesinato, un hecho violento que habría ocurrido en marzo del año anterior. Debido a la gravedad de las investigaciones y los indicios presentados ante las autoridades competentes, se emitió una orden de captura formal en septiembre de 2025. Desde ese momento, el ahora detenido pasó a la condición de prófugo, evadiendo los controles policiales y judiciales establecidos en el territorio ecuatoriano para garantizar que el proceso legal siguiera su curso natural en los tribunales correspondientes.
Antecedentes y fuga del exfuncionario
El historial del caso de Miguel Morocho Rodríguez detalla que el sujeto se encontraba fuera del alcance de la ley desde el pasado 9 de septiembre de 2025, fecha en la que se reportó su desaparición de los radares de vigilancia nacional. La acusación que motiva su búsqueda es la presunta agresión contra una persona en marzo de 2024, un evento que activó de inmediato los protocolos de investigación de la Fiscalía y la Policía Nacional. La peligrosidad del cargo de tentativa de asesinato motivó que el exconcejal fuera incluido en las listas de los sujetos más buscados por las unidades de inteligencia estratégica del país en el presente periodo.
Tras su huida de los controles locales, Miguel Morocho Rodríguez emprendió una ruta de escape que lo llevó a cruzar la frontera hacia Colombia, con la clara intención de alejarse de la jurisdicción ecuatoriana. El plan del sospechoso consistía en atravesar el territorio colombiano para finalmente llegar a Venezuela, buscando refugio en el anonimato que ofrecen las zonas fronterizas complejas. Según la información proporcionada por la cartera de Estado, el sujeto intentó burlar la seguridad migratoria utilizando rutas terrestres, confiando en que el paso del tiempo y el cambio de nación le permitirían evadir su responsabilidad penal de forma definitiva.
El operativo en el Puente Atanasio Girardot
El intento de Miguel Morocho Rodríguez por alcanzar la impunidad se vio truncado cuando llegó al puesto de control migratorio terrestre denominado La Unidad, ubicado en el Puente Internacional Atanasio Girardot. Este punto estratégico, situado en la localidad de Villa del Rosario, conecta a Colombia con el territorio venezolano y cuenta con estrictos sistemas de verificación de identidad. Fue en este paso fronterizo donde las alertas internacionales saltaron, identificando plenamente al ciudadano que era requerido por la justicia del Ecuador bajo cargos criminales severos que no permiten beneficios de libertad condicional inmediata según los reportes oficiales del ministerio.
La localización de Miguel Morocho Rodríguez fue el resultado directo de un intercambio de alertas constante entre la Subsecretaría de Migración de Ecuador y sus pares de Migración Colombia. Esta sinergia institucional permitió que los datos biométricos y las órdenes de captura vigentes estuvieran disponibles en tiempo real para los agentes fronterizos. El trabajo del Bloque de Búsqueda de la Policía Nacional de Ecuador fue fundamental para rastrear los movimientos del imputado, contando además con la cooperación técnica y logística de agencias de seguridad de Estados Unidos, lo que cerró cualquier posibilidad de escape para el exconcejal en su trayecto hacia el extranjero.
Postura oficial y compromiso gubernamental
Tras confirmarse la captura de Miguel Morocho Rodríguez, el ministro John Reimberg fue enfático al señalar que el Gobierno no permitirá que los delincuentes utilicen las fronteras como escudos ante la ley. “Escóndanse donde se escondan, los encontramos y los pondremos en el lugar donde merecen: la cárcel“, sentenció el funcionario en su comunicación pública, reafirmando el compromiso del Estado con la seguridad ciudadana. La detención subraya la política de tolerancia cero frente a delitos como la tentativa de asesinato, especialmente cuando los implicados han ostentado cargos de representación popular en sus provincias, como es el caso del exconcejal de Santo Domingo.