La jueza Daniella Camacho Herold se posiciona actualmente como la figura principal para presidir la Corte Nacional de Justicia del Ecuador de forma permanente. Este cambio institucional ocurre luego de la dimisión de José Suing como presidente encargado y de Enma Tapia como la presidenta subrogante.
La jueza dirigió la sesión extraordinaria del pleno este lunes 12 de enero para conocer formalmente el retiro de las autoridades judiciales mencionadas. Ahora la funcionaria ejerce la representación del organismo por ser la integrante con mayor antigüedad dentro de todo el cuerpo de magistrados.
Perfil profesional y trayectoria académica
Camacho Herold posee el título de doctora en Jurisprudencia otorgado por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador en la ciudad de Quito capital. Asimismo cuenta con una maestría en Derecho Procesal con mención en materia Penal por parte de la Universidad Indoamérica de la misma localidad.
Su experiencia laboral incluye consultorías en temas de género para el Consejo Nacional de las Mujeres durante etapas previas de su carrera pública. Ejerció funciones como fiscal penal de Pichincha y ocupó la jefatura nacional de protección a víctimas en la Fiscalía General del Estado ecuatoriano.
La jurista ingresó a la Corte Nacional de Justicia en el año 2017 tras laborar como conjueza de lo contencioso administrativo. Previamente intentó alcanzar la presidencia del organismo pero el pleno designó a José Suing para dicho cargo el 7 de febrero de 2024.
Su trayectoria judicial se concentra en la Sala Especializada de lo Penal donde conoce procesos sobre corrupción y también sobre crimen organizado transnacional. La magistrada ha gestionado causas de relevancia nacional que involucran a altos funcionarios del Estado y figuras políticas de diversas agrupaciones del país.
Procesos judiciales de connotación nacional
La jueza Camacho llamó a juicio por cohecho a varios exministros y secretarios estatales dentro del expediente conocido como el caso Sobornos 12. En dicho proceso ratificó la existencia de delitos cometidos por exmandatarios y otros colaboradores cercanos durante el periodo de gobierno comprendido entre esos años.
Igualmente integró el tribunal que sentenció al exministro Alecksey Mosquera y a otros procesados por la trama de corrupción de la constructora Odebrecht. La magistrada participó además en la decisión de apelación que confirmó las penas de prisión para Carlos Pólit y su hijo John Pólit.
Actualmente la magistrada nacional tiene a su cargo el caso Liga 2 donde aparecen procesados exintegrantes del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Entre los investigados constan Augusto Verduga junto a Yadira Saltos por el presunto delito de asociación ilícita vinculado a la denominada Liga Azul.
El proceso incluye a figuras políticas como Andrés Arauz y la exasambleísta Esther Cuesta por su relación con los hechos bajo investigación judicial. Camacho también decidió el levantamiento del sobreseimiento para Walter Solís permitiendo su llamado a juicio en el caso de la Reconstrucción de Manabí.
Decisiones institucionales y excusas legales
En el proceso referente al plagio del activista Fernando Balda la jueza nacional emitió el auto de llamamiento a juicio contra Rafael Correa. No obstante en enero de 2024 la funcionaria decidió excusarse del tribunal de apelación dentro del caso denominado Independencia Judicial.
La magistrada justificó su separación del proceso alegando una amistad íntima con Wilman Terán quien presidió anteriormente el Consejo de la Judicatura nacional. Esta acción legal se fundamentó en el artículo 572 del Código Orgánico Integral Penal vigente para asegurar la debida imparcialidad.
La magistrada deberá convocar próximamente a una nueva sesión plenaria para que los trece jueces decidan el futuro de la presidencia institucional. El pleno resolverá si aplica la norma de antigüedad para ratificar a Camacho o si procede con la convocatoria a nuevas elecciones generales.
Por ahora la jueza nacional mantiene la conducción de las sesiones bajo la figura de encargo por ser la integrante más antigua nombrada. La resolución de este conflicto administrativo definirá la estabilidad de la máxima instancia de justicia ordinaria frente a los desafíos legales del año.