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La Fiscalía General del Estado formuló cargos contra cuatro adultos y un adolescente en Santo Domingo, el 13 de enero de 2026, por tráfico ilícito de armas y extorsión, tras un operativo ejecutado luego de una denuncia de una víctima que recibió amenazas contra su local comercial.
La investigación se activó tras una alerta recibida por la Policía la madrugada del 10 de enero. La víctima denunció la llegada de panfletos con mensajes intimidatorios. Exigían pagos para no atentar contra su negocio.
Además, el comerciante confirmó que realizó un depósito a la cuenta bancaria señalada en el documento extorsivo. Ese dato permitió rastrear a los presuntos implicados.
La Unidad Antisecuestros y Extorsión (Unase) coordinó un operativo inmediato. Los agentes actuaron en varios puntos de Santo Domingo. La intervención se enfocó en sectores con reportes previos de delitos similares.
Santo Domingo: el operativo que activó las capturas
Las acciones policiales se ejecutaron en La Aurora, Ucom y Brisas del Zaracay. En esos sectores se allanaron varios inmuebles.
Durante los registros, los uniformados hallaron teléfonos celulares, municiones, panfletos, una motocicleta y artefactos explosivos. También incautaron otros elementos relevantes para la investigación.
Con base en esos indicios, Anthony C., Yaritza Ch., Diana A., Dayana V. y un adolescente fueron aprehendidos en flagrancia. La Fiscalía los vinculó al presunto tráfico de armas en concurso real con extorsión.
En la audiencia, la fiscal de turno presentó el parte policial. También incluyó versiones de los agentes aprehensores, el testimonio de la víctima y los informes técnicos de inspección ocular y avalúo de evidencias.
Medidas judiciales en Santo Domingo y sustento legal
El juez que conoció la causa de los adultos aceptó el pedido fiscal. Dictó prisión preventiva para Anthony C., Yaritza Ch. y Diana A.
En el caso de Dayana V., el magistrado ordenó presentaciones periódicas y prohibición de salida del país, debido a su estado de gestación.
Para el adolescente, el juez especializado dispuso internamiento preventivo. La instrucción fiscal tendrá una duración de treinta días. Durante ese tiempo, la Fiscalía recabará más pruebas.
El proceso se sustenta en el artículo 362 del COIP, que sanciona el tráfico ilícito de armas de fuego, químicas, nucleares o biológicas. También se aplica el artículo 185, que tipifica la extorsión.
Contexto de seguridad en Santo Domingo
Casos como este no son aislados en Santo Domingo. La ciudad ha registrado un aumento de denuncias por amenazas y cobros ilegales en comercios.
Datos de la Policía indican que las extorsiones se vinculan a redes que también manejan armas y explosivos. Ese cruce de delitos eleva el riesgo para la población.
Las autoridades señalan que la denuncia oportuna permitió una respuesta rápida. El decomiso de municiones y panfletos refuerza la hipótesis fiscal.
Además, la incautación de dispositivos móviles facilitará el análisis de comunicaciones entre los procesados (31).