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El abogado Pablo Dávila, experto en contratación pública, desmenuzó las falencias estructurales del sistema de contratación y planificación en Ecuador, en una entrevista de Manavisión Plus. Frente a la polémica por el porcentaje de inversión que deben cumplir los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD), Dávila advierte que, sin indicadores científicos y sostenibilidad, el país corre el riesgo de seguir despilfarrando recursos en obras innecesarias bajo la sombra de la demagogia electoral.
-Abogado, el alcalde de Quito advierte que esta propuesta de ley asfixiaría a los municipios. ¿Es para tanto, o es un paso necesario para orientar la inversión?
El proyecto es interesante para el debate nacional, pero independientemente del porcentaje —sea 70% o 50%—, si no se establecen indicadores de desarrollo sostenible y sustentable, esta reforma será un fracaso. No sirve de nada ejecutar un gasto de inversión si no es sostenible. El Estado tiene gasto corriente (que no incrementa patrimonio) y gasto de inversión (que sí lo hace, como un mercado o un parque). El objetivo es maximizar este último, pero sin parámetros claros, los alcaldes simplemente construirán “a lo bruto” solo por cumplir la norma y evitar a la Contraloría.
-Usted menciona que los Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial (PDOT) actuales no están cumpliendo su función. ¿Por qué los considera una “farsa”?
Lo digo con respeto: en la gran mayoría de los casos es una sinvergüencería. Los municipios, con tal de cumplir la norma para cuando llegue la Contraloría, contratan consultorías y despilfarran plata. Si no introducimos indicadores de la Nueva Agenda Urbana o de la OCDE, pasará lo mismo con esta reforma. Necesitamos datos objetivos. Por ejemplo, en Portoviejo, las estadísticas del INEC demuestran que la ciudad crece constantemente. Una obra no puede pensarse para 5 o 10 años por fines electorales; debe proyectarse incluso a 100 años. El desarrollo no se mide en metros de hormigón, sino en el bienestar ciudadano.
-En medio de esta exigencia de inversión, los alcaldes reclaman que las asignaciones del Gobierno Central no llegan. ¿Cómo se equilibra esta falta de recursos con la eficiencia?
Hay irresponsabilidad del Gobierno Central, pero también debemos entender que los pocos recursos que tiene el país deben racionalizarse. El problema es la demagogia. Estamos a las puertas del feriado de Carnaval y vemos a politiqueros contratando artistas internacionales cuando está expresamente prohibido por el Código de Planificación y Finanzas Públicas.
Gastar casi 900 mil dólares en artistas, bajo el pretexto de la cultura, es demagogia pura. Lo hacen porque no tienen capacidad intelectual para ganarse al pueblo de otra forma. Es el “pan y circo” de la era romana aplicado hoy.
Pablo Dávila, experto en contratación pública.
-Sobre el gasto de personal, que ha superado el 30% en muchos GAD entre 2021 y 2024, ¿esto evidencia un déficit para la inversión real?
No podemos satanizar solo a los GAD. Esto es un problema de toda la Administración Pública, incluida la Función Ejecutiva. Se sobredimensiona la masa salarial para pagar cuotas y favores políticos. El país necesita disciplina en todas las esferas. El Gobierno Central es, a veces, el principal mal ejemplo en materia de contratación pública
-Hablando de malos ejemplos, ¿qué opinión le merecen casos como PROGEN o las contrataciones polémicas en el sector eléctrico y de telecomunicaciones?
Son escándalos donde se vulnera la ley. El artículo 38 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública prohíbe que empresas privadas se “escondan” detrás de empresas públicas para venderle al Estado a través de modalidades interadministrativas. Eso es corrupción y constituye delito de peculado. Es lamentable que el SERCOP, siendo el ente rector, no actúe como el ejemplo que el país requiere.