El presidente Daniel Noboa emitió el Decreto Ejecutivo 199 este jueves 30 de octubre, autorizando de manera excepcional que los gastos permanentes en salud, educación y justicia para el ejercicio fiscal 2026 se financien con ingresos no permanentes, como endeudamiento público y venta de activos del Estado. La medida, emitida un día antes del plazo constitucional para entregar la proforma presupuestaria a la Asamblea Nacional, responde a una brecha estructural presupuestaria identificada por el Ministerio de Economía y Finanzas.
Detalles de la medida y base legal
El decreto se sustenta en el artículo 126 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas (Coplafip) y el artículo 286 de la Constitución, que permiten financiar egresos esenciales con recursos temporales en circunstancias excepcionales. Según el documento, el crecimiento de los ingresos permanentes ha sido inferior a las necesidades de gasto en estos sectores priorizados. El Ministerio de Economía y Finanzas recomendó la aplicación tras un análisis técnico y jurídico que confirmó la presión sobre el Presupuesto General del Estado (PGE).
Definiciones clave y implicaciones
El Coplafip define ingresos no permanentes como recursos obtenidos en situaciones específicas, excepcionales o extraordinarias, incluyendo deuda pública, venta de activos públicos y comercialización de petróleo (artículo 78). Por su parte, los egresos permanentes cubren operaciones repetitivas, como sueldos y servicios básicos del sector público. Esta disposición permitirá al Gobierno cubrir gastos operativos en los ministerios de salud, educación y justicia mediante financiamiento temporal durante 2026.
Históricamente, el Coplafip ha exigido que los egresos permanentes se financien exclusivamente con ingresos permanentes para mantener la estabilidad fiscal. Sin embargo, en años previos, como 2025, se aplicaron contribuciones temporales de empresas por USD 330 millones para seguridad, las cuales no se incluirán en la proforma 2026.
Disposiciones operativas del decreto
El Ministerio de Economía y Finanzas incorporará la excepcionalidad en el PGE 2026 y emitirá directrices para reestructurar presupuestos institucionales de las entidades ejecutoras. Además, supervisará el cumplimiento de la regla fiscal a través de reportes de proforma y liquidación presupuestaria. El objetivo central es declarar esta excepcionalidad para usar recursos no fijos en gastos fijos, como salarios de médicos, docentes, jueces y fiscales.
La proforma presupuestaria debe remitirse a la Asamblea Nacional hasta el 31 de octubre. El decreto faculta al Ministerio a coordinar ajustes con las instituciones afectadas, asegurando verificación mediante documentos presupuestarios oficiales. Esta medida busca mitigar la brecha estructural, donde ingresos permanentes no cubren demandas crecientes en salud, educación y justicia, según datos del análisis gubernamental.