La Corte Nacional de Justicia instaló este miércoles 5 de noviembre la audiencia de juzgamiento contra seis ex altos mandos militares y un médico por presuntos delitos de lesa humanidad cometidos en 1985 contra tres miembros del grupo guerrillero Alfaro Vive Carajo (AVC).
El proceso, conocido como caso Vaca-Cajas-Jarrín, representa el primer juicio de esta naturaleza en la historia judicial ecuatoriana y busca esclarecer detenciones ilegales, torturas y desapariciones forzadas durante el gobierno de León Febres Cordero (1984-1988).
La diligencia se desarrolla en Quito, con el objetivo de determinar responsabilidades en una operación estatal que violó derechos humanos, según la teoría del Ministerio Público.
La audiencia comenzó a las 08:30, presidida por los jueces Javier de la Cadena (ponente), Manuel Cabrera y Katty Muñoz. La Fiscalía General del Estado, encabezada por el fiscal subrogante Leonardo Alarcón, presentó su alegato de apertura, detallando cómo una estructura coordinada de inteligencia militar ejecutó retenciones clandestinas sin orden judicial.
Los hechos ocurrieron el 10 de noviembre de 1985 en Esmeraldas, donde Luis Vaca Jácome, Susana Cajas Lara y Francisco Javier Jarrín Sánchez fueron detenidos por personal del Batallón Montúfar sin intervención de la justicia ordinaria.
Contexto histórico de la represión estatal contra AVC
El grupo Alfaro Vive Carajo surgió en 1983 en Esmeraldas como organización armada de izquierda, influida por movimientos como el M-19 colombiano y el Frente Sandinista de Nicaragua. Inicialmente denominado Fuerzas Armadas Populares Eloy Alfaro, adoptó su nombre popular por proclamas como “Alfaro Vive Carajo”.
Durante el gobierno de Febres Cordero, clasificado como terrorista por el Estado, AVC enfrentó una ofensiva de seguridad nacional que incluyó “escuadrones volantes” o “escuadrones de la muerte”, grupos paramilitares tolerados para ejecuciones sumarias y torturas.
La Comisión de la Verdad de Ecuador (2010) documentó 831 víctimas directas de violaciones a derechos humanos entre 1984 y 2008, con el 68% concentrado en ese período presidencial
Roles atribuidos a los procesados y avances del proceso
Los seis procesados, todos exmilitares en servicio pasivo excepto un médico civil, enfrentan cargos por tortura, desaparición forzada y violencia sexual, penados con 26 a 30 años de prisión según el Código Orgánico Integral Penal (COIP).
La Fiscalía atribuye responsabilidades específicas:
*Luis Eduardo Piñeiros Rivera, exministro de Defensa (1984-1986), por mando político-militar en detenciones ilegales e interrogatorios coercitivos.
*Manuel Marcelo Delgado Alvear, director de Inteligencia del Ejército (1987-1988), por dirección operativa en el Agrupamiento Escuela de Inteligencia Militar (AEIM) y Contrainteligencia Quito (CIQ).
*Juan Raúl Viteri Vivanco, comandante del AEIM (1984-1987), por custodia clandestina de víctimas.
*Mario Ricardo Apolo Williams, comandante del AEIM (1987-1990), por prolongación de la retención de Luis Vaca como “objeto de inteligencia”.
*Nelson Bolívar Enríquez Gómez, jefe de CIQ, por control de accesos y traslados; y Fernando Ignacio Ron Villamarín, médico del AEIM (1984-1987), por intervenciones en sometimientos físicos y psicológicos, incluyendo el uso de sustancias como el “suero de la verdad”.
El caso inició en octubre de 2013, tras el informe de la Comisión de la Verdad que identificó 118 posibles delitos de lesa humanidad.
En marzo de 2014, la jueza Lucy Blacio llamó a juicio a nueve personas, pero dos permanecen prófugos. Un intento de instalación en noviembre de 2015 se suspendió por recusaciones. Luis Vaca falleció en abril de 2021, por lo que su viuda asumió como víctima y sus hijas como acusadoras particulares, solicitud aprobada por el tribunal.