El Tribunal de Garantías Penales de Guayaquil instaló este miércoles la audiencia de juzgamiento contra 17 miembros de la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE) por la desaparición forzada de cuatro menores ocurrida el 8 de diciembre de 2024 en Las Malvinas, sur de la ciudad. La Fiscalía presentará 150 pruebas documentales y 45 testimonios para probar la responsabilidad penal de los procesados en la detención, traslado, tortura y ejecución de Ismael Arroyo (15 años), Josué Arroyo (14 años), Nehemías Arboleda (15 años) y Steven Medina (11 años), cuyos restos calcinados se hallaron el 24 de diciembre de 2024 en Taura, cantón Naranjal.
La jueza Narcisa Mazacón preside la diligencia oral y pública, con comparecencia presencial o telemática de los acusados. La Fiscalía General del Estado informó en X: “Fiscalía Ec presenta su alegato de apertura, en el que señala que demostrará la responsabilidad penal de los 17 procesados por el delito imputado”
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— Fiscalía Ecuador (@FiscaliaEcuador) November 5, 2025
Cronología de los hechos
Los menores fueron interceptados mientras jugaban en la avenida 25 de Julio por una patrulla de la FAE, sin notificación al ECU 911 ni respeto a derechos constitucionales. Fueron trasladados en dos camionetas a Taura, cerca de una base aérea. Peritajes forenses confirmaron tortura, desnudamiento y disparos en cráneo antes de incinerar los cuerpos en el sector Casa de Zinc. Análisis genéticos y antropológicos verificaron la identidad de las víctimas.
La acusación particular, integrada por los padres, respalda a la Fiscalía. Entre las evidencias figuran reconstrucciones de hechos, informes de telecomunicaciones, registros del Grupo de Operaciones Militares (Gomai) de Durán y peritajes de la Unidad Antisecuestro y Antiextorsión (Unase). Testigos incluyen peritos forenses, oficiales de Policía Nacional y FAE, investigadores y familiares de procesados.
Diferimientos procesales
El proceso acumuló siete suspensiones desde mayo de 2025: 27 de mayo por diligencia del fiscal Christian Fárez; 10 de junio por desconocimiento de prueba pericial; 12 y 13 de agosto por solicitudes fiscal y procesal; 25 de agosto por cruce de audiencias; 4 de septiembre, instalada; y 16 de septiembre, suspendida por defensa y luego desistida. El tribunal identificó maniobras dilatorias, como cambios de abogados, recusaciones y un certificado médico presuntamente falso, remitido a investigación.
Contexto de militarización
Los hechos ocurrieron bajo el Decreto Ejecutivo 111 de enero de 2024, que declaró conflicto armado interno y militarizó la seguridad en barrios como Las Malvinas. La CIDH condenó el caso en enero de 2025 como abuso estatal. El 31 de diciembre de 2024, 16 militares entraron en prisión preventiva por orden del juez Dennis Ugalde. La Asamblea Nacional decretó luto nacional.
El abogado Juan Pablo Albán comparó: “Ese caso y el de lesa humanidad en Quito son hechos similares: miembros de las Fuerzas Armadas cometiendo hechos muy graves contra los ciudadanos que supuestamente deben proteger.” El juicio continúa con evaluación de pruebas y alegato.