El ministro de Agricultura y Ganadería, Danilo Palacios, anunció que Ecuador podría salir de la tarjeta amarilla impuesta por la Unión Europea (UE) en 2026, tras fortalecer la trazabilidad pesquera, los controles portuarios y la seguridad marítima, medidas clave para cumplir con las exigencias contra la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (INDNR).
Refuerzo de los controles técnicos
La tarjeta amarilla fue emitida en octubre de 2019 por la Dirección de Asuntos Marítimos y Pesquerías (DG-Mare) de la UE debido a deficiencias detectadas en los puertos y en la cadena logística. La medida, vigente por seis años, respondió a inconsistencias en los sistemas de control que permitían mezclar productos legales con pesca irregular durante el procesamiento y exportación.
Según los auditores europeos, los volúmenes exportados superaban los desembarques legales, un indicio de que parte de la producción provenía de actividades no reguladas. Desde entonces, el país trabaja en la modernización del sistema pesquero y en alinear su normativa con los estándares europeos.
El ministro Palacios informó que se ejecuta un cronograma técnico enfocado en demostrar la trazabilidad completa del producto desde la captura hasta la exportación. “El eje principal es la trazabilidad, mostrar con evidencia las áreas y los procedimientos donde realizamos la pesca”, afirmó.
Trabajo coordinado con Europa y el sector pesquero
Palacios señaló que la respuesta ecuatoriana ha sido integral, involucrando tanto al Gobierno como al sector privado. “Hace cuatro semanas estuvimos en Europa, reuniéndonos con los comisionados que siguen el proceso de revisión. Hay apertura y reconocimiento a los avances”, aseguró.
El fortalecimiento de la trazabilidad, la justificación de los volúmenes capturados y la verificación del uso correcto de las embarcaciones son tres ejes técnicos que se aplican bajo supervisión continua. Además, se ha reforzado la seguridad marítima, un punto observado por la UE en auditorías anteriores.
El sector atunero, uno de los más relevantes del país, colabora estrechamente con las autoridades. Se han desarrollado capacitaciones, controles internos y mejoras tecnológicas en las plantas procesadoras para asegurar el cumplimiento de las normas internacionales.
Avances normativos y cooperación internacional
Entre los cambios más destacados figura la aprobación de la nueva Ley de Pesca, que incorpora los principios del Convenio Interamericano para la Conservación del Atún Tropical (CIAT). Esta legislación busca garantizar la sostenibilidad de los recursos marinos y el cumplimiento de la trazabilidad internacional.
Asimismo, en Manta se realizó recientemente un foro del atún, con la participación de expertos de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO). Los especialistas colaboran con las autoridades ecuatorianas en la evaluación y mejora del sistema pesquero nacional.
De mantenerse el ritmo actual, Ecuador podría recuperar el acceso pleno al mercado europeo en 2026, consolidando su posición como principal exportador de atún del Pacífico oriental.