La preservación del bloque 43 en el Yasuní sigue enfrentando obstáculos, más de dos años después de que la ciudadanía ecuatoriana votara por mantener el crudo bajo tierra. El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), en su sesión ordinaria del pasado 5 de noviembre de 2025, validó por unanimidad los informes presentados por la veeduría ciudadana encargada de vigilar este proceso. Las conclusiones son contundentes: persisten incumplimientos sustanciales tanto del mandato popular como del dictamen de la Corte Constitucional.
Hallazgos críticos de la veeduría
El documento final, ahora respaldado oficialmente por el CPCCS, detalla una serie de falencias graves que vulneran la voluntad expresada en las urnas el 20 de agosto de 2023, así como los derechos de la naturaleza y de los pueblos indígenas, incluyendo a los Pueblos Indígenas en Aislamiento Voluntario (PIAV).
Entre las observaciones más alarmantes destacadas por el colectivo YASunidos , impulsor de este seguimiento, se encuentran:
- Falta de planificación: No existe un Plan oficial de Cierre y Abandono para el Bloque 43–ITT que cuente con un cronograma verificable, metas claras y garantías financieras.
- Continuidad extractiva: La actividad petrolera se ha prolongado más allá del año límite establecido por la Corte, registrándose nuevas intervenciones y pasivos ambientales sin remediar.
- Opacidad informativa: Se detectaron inconsistencias y trabas en el acceso a la información sobre pozos, convenios comunitarios, ejecución presupuestaria y pasivos ambientales.
- Debilidad institucional: Ministerios clave como el de Ambiente, y el de la Mujer y Derechos Humanos, junto a la Defensoría del Pueblo, no han ejercido un rol garante efectivo para proteger a las comunidades y a los PIAV.
YASunidos denunció en un comunicado que “el gobierno de Daniel Noboa ha optado por desconocer en la práctica el mandato popular… postergando indefinidamente el cierre y la remediación integral del Yasuní”.
Hoja de ruta ordenada por el CPCCS
Ante este panorama, el CPCCS no solo acogió el informe, sino que dispuso obligaciones específicas a ocho instituciones del Estado para encauzar el cumplimiento de la consulta:
- Corte Constitucional: Deberá pronunciarse públicamente sobre el incumplimiento, abrir una fase de seguimiento con audiencias inclusivas y tomar medidas para hacer valer su sentencia.
- Petroecuador: Se le ordena presentar un plan de cierre con cronograma y presupuesto, transparentar toda la información relevante y cesar la extracción de crudo.
- Ministerio de Energía: Deberá liderar la coordinación interinstitucional para el abandono definitivo del bloque, con participación de la NAWE y comunidades.
- Ministerio del Ambiente: Su tarea será reconocer pasivos ambientales, garantizar auditorías independientes y monitorear públicamente el proceso de cierre.
- Ministerio de la Mujer y Defensoría del Pueblo: Se les exhorta a activar acciones reales de protección y vigilancia de derechos humanos y colectivos.
- Asamblea Nacional y Contraloría: Deberán activar mecanismos de fiscalización y auditoría sobre el proceso, contemplando posibles sanciones por incumplimiento.
Esta resolución del CPCCS marca un nuevo hito en la lucha de colectivos sociales y nacionalidades indígenas, quienes continúan reclamando al Estado ecuatoriano el respeto irrestricto a la decisión soberana tomada en las urnas.