El asambleísta Héctor Rodríguez, del movimiento Revolución Ciudadana, presentó este miércoles 12 de noviembre, una denuncia para reabrir el caso Cachorro, un decomiso de 193 kilos de cocaína hallado en febrero de este año en la hacienda San Luis, en la provincia de Guayas, propiedad de la empresa San Luis S.A. que según documentos judiciales está vinculada al Grupo Noboa.
Según consta en los datos de la Superintendencia de Compañías, el presidente Daniel Noboa es accionista. La solicitud de Rodríguez busca esclarecer irregularidades en la investigación inicial y citar a comparecer a funcionarios y directivos relacionados.
El caso surgió el 10 de febrero de 2025, cuando agentes de la Policía Nacional allanaron la hacienda San Luis, ubicada en el cantón Alfredo Baquerizo Moreno (Juján), un predio de 800 hectáreas. Allí se incautaron 196 paquetes de cocaína, marcados con la leyenda “cachorro”, para un total de 193.000 gramos. El sitio, administrado por San Luis S.A., no se encontraba abandonado y servía como almacén para la droga, según documentos judiciales del proceso 09288-2025-04384.
Al país 🇪🇨: Caso “Cachorro” Incautación de 193kg de cocaína – Hacienda San Luis – asociada al Grupo Noboa.#NoboaCachorro @BancadaRC5 @RC5Oficial @RC5Pichincha @MashiRafael pic.twitter.com/UJy3iovoZS
— Héctor Rodríguez (@Hector5RC) November 12, 2025
Decomiso de droga y resistencias iniciales
Durante el operativo, se detuvo a Tito M., cuidador del predio, quien en su declaración ante la Fiscalía señaló a Rafael Velarde, gerente general de San Luis S.A., como administrador directo. Registros de la Superintendencia de Compañías confirman que Daniel Noboa figura como accionista de la empresa, al igual que familiares suyos.
Según declaraciones de Rodríguez, la presidenta de San Luis S.A. es Silka Sánchez, activista cercana al movimiento de Álvaro Noboa, padre del mandatario; el vicepresidente, Kléver Llerena, está ligado al caso PetroNoboa, sobre comercialización ilegal de diésel subsidiado.
El expediente detalla que vehículos blindados del conglomerado Noboa accedían frecuentemente al predio, y una casa blanca en la hacienda funcionaba como depósito. Sin embargo, el proceso enfrentó obstáculos: el registrador de propiedades rechazó emitir el certificado del bien, y cuatro meses después, el juez sobreseyó al único detenido, Tito M., cerrando el caso sin resolver la propiedad de la droga ni los responsables. La Fiscalía no apeló esta decisión, y no se embargó el predio ni se investigaron flujos financieros.
Demanda de reapertura y comparecencias solicitadas
Rodríguez, en su denuncia presentada ante la Asamblea Nacional, criticó la gestión del caso: “Se cierra un caso de tráfico de drogas sin saber de quién era la droga ni quiénes eran los responsables. No se decomisó la hacienda, no se destruyó la droga, no se investigaron los flujos financieros y la Fiscalía no apeló el sobreseimiento”.
El asambleísta, exigió la reapertura inmediata y la citación de Kléver Llerena, vicepresidente de San Luis S.A.; el juez que dictó el sobreseimiento.
Además, solicitó informes detallados a la Superintendencia de Compañías sobre transferencias accionarias en el Grupo Noboa, y un reporte de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) sobre movimientos monetarios de San Luis S.A.