Un grupo de más de 50 pacientes renales, familiares y trabajadores de cinco centros de diálisis se concentraron este miércoles 12 de noviembre frente al edificio del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), ubicado en la calle 9 de Octubre, para exigir el pago de una deuda de 73 millones de dólares que la entidad mantiene con prestadores privados.
La manifestación, que incluyó un plantón pacífico, busca garantizar la continuidad de tratamientos de hemodiálisis para unos 5.000 enfermos en riesgo, según datos de los protestantes. El bloqueo temporal de la avenida 9 de Octubre y Jorge Washington, en sentido sur-norte, obligó a la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) a recomendar la avenida 10 de Agosto como ruta alterna.
Los manifestantes, procedentes de Quito y provincias como Manabí y Santo Domingo, portaron pitos, banderas blancas y carteles con mensajes como “La enfermedad me está consumiendo pero el estado me está matando”. Esta marcha se realizó un día después de una protesta similar en Guayaquil, el 11 de noviembre, donde pacientes y prestadores, se reunieron en el centro de la ciudad para denunciar deudas impagas y retrasos en auditorías de facturas desde 2023.
#Ecuador| Pacientes renales protestaron este miércoles 12 de noviembre, por pagos pendientes del IESS a las dializadoras.
Video: API. pic.twitter.com/Hd9r2I55RL— Manavisión Canal 9 (@manavisionec) November 12, 2025
Deudas acumuladas amenazan atención en hemodiálisis
La crisis por pagos pendientes a clínicas dializadoras se arrastra desde mayo de 2023, cuando el IESS comenzó a retrasarse en transferencias y revisiones de cuentas, según reportes de la Asociación de Centros de Diálisis de Ecuador (Asodialisisec). En 2024, la entidad desembolsó 113 millones de dólares a estos centros, la cifra más alta del año, pero la deuda pendiente superaba los 100 millones a inicios de 2025. Este año, hasta octubre, se han pagado 65,5 millones adicionales.
por su parte, el Ministerio de Salud Pública acumula deudas por unos 150 millones de dólares, lo que ha forzado suspensiones temporales de tratamientos en varias clínicas. La insuficiencia renal crónica, declarada enfermedad catastrófica en 2008, obliga a tres sesiones semanales de cuatro horas cada una para depurar la sangre, un servicio cubierto por el Estado pero dependiente en un 88% de centros privados.
Por otro lado, la atención en estos establecimientos incluye exámenes, medicamentos y consultas especializadas, con un costo mensual de 1.456 dólares por paciente. Sin embargo, propuestas del IESS para reducir esta tarifa a 1.100 dólares han generado preocupación, ya que podrían elevar hospitalizaciones, según la Asociación de Clínicas y Hospitales Privados de Ecuador (ACHPE).
Antecedentes revelan irregularidades en pagos del IESS
Las protestas se alinean con hallazgos de la Contraloría General del Estado, que en abril de 2025 ratificó una glosa por 3,7 millones de dólares contra el IESS por cobros indebidos a empresas como Teoton y Alboteoton, vinculadas a familiares del presidente del Consejo Directivo, Édgar Lama. El examen especial, iniciado en 2021, detectó facturas pagadas sin respaldos adecuados, lo que ha impulsado demandas de auditorías integrales.
El 5 de noviembre, Germán Rodas, coordinador de la Comisión Nacional Anticorrupción, solicitó al contralor Mauricio Torres una revisión de procesos de compra de medicamentos del IESS y el Ministerio de Salud, cruzando datos con la Fiscalía y la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE).
Asimismo, el asambleísta Héctor Rodríguez, de Revolución Ciudadana, señaló un presunto conflicto de interés en pagos a clínicas relacionadas con Lama, basado en el informe de Contraloría.
Organizaciones sociales y jubilados han pedido a la Superintendencia de Bancos su destitución, aunque el Gobierno rechazó las acusaciones, destacando que de enero a octubre de 2025 se transfirieron casi 500 millones de dólares a prestadores externos tras fiscalizaciones exhaustivas.
Mientras tanto, el IESS ha distribuido medicinas e insumos para enfermedades oncológicas, raras, catastróficas y psiquiátricas, sin detallar montos ni nombres de fármacos, lo que ha suscitado críticas por falta de transparencia.