Ecuador, recuerda López, ha tenido 20 asambleas constituyentes desde su fundación en 1830, una cifra que, según él, “demuestra que algo no estamos haciendo bien”. Cada nuevo gobierno, explica, busca “su propia lista de deseos” y promueve una Constitución a su medida. “El problema es que cada administración quiere un traje propio, no un marco institucional duradero”, señala.
Para López, una Asamblea Constituyente solo tendría sentido si rompe ese ciclo. “La próxima Constitución debería durar 50 o 100 años, no el tiempo que dure un mandato”, sostiene. Critica que los textos constitucionales ecuatorianos sean demasiado prescriptivos, llenos de “lirismo jurídico” y sin enfoque en los deberes ciudadanos.
“Todo derecho tiene una responsabilidad. Nuestras constituciones exigen, pero no comprometen al ciudadano”, enfatiza.
Una Constitución simple y comprensible
El director del Archbridge Institute propone una Constitución corta, incluso “de una página de periódico”, con letra grande y lenguaje claro. A su juicio, la complejidad de los textos anteriores aleja a la ciudadanía del conocimiento de sus derechos básicos.
“Si necesitas un título en Derecho para entender la Constitución, ya empezamos mal. Tiene que ser tan clara que la comprenda un estudiante o una ama de casa”, argumenta.
López considera que los únicos derechos que deberían estar en la Constitución son la vida, la libertad y la propiedad, pues “sin propiedad no se puede ejercer la libertad”. El resto —educación, salud, infancia o ancianidad— deberían formar parte de programas de gobierno, no de un texto constitucional.
Menos regulación, más libertad ciudadana
El académico plantea una inversión del principio estatal tradicional: que la Constitución determine solo lo que el Estado puede hacer, y que todo lo demás quede en manos de los ciudadanos.
“En Ecuador y en Latinoamérica se ha hecho al revés. Solo se puede hacer lo que la Constitución permite. Eso frena la innovación, el desarrollo y la tecnología”, advierte.
Ejemplifica con la inteligencia artificial, un fenómeno que no existía cuando se redactó la Constitución de Montecristi (2008). Según López, esa rigidez impide adaptarse a los cambios. “Una Constitución básica permitiría que los ciudadanos avancen sin esperar reformas imposibles”, explica.
Su visión, en definitiva, es un cambio de mentalidad: “El Estado debe limitarse a pocas funciones esenciales. El resto debe quedar en libertad de los ecuatorianos”.
El alto costo de vivir entre Constituyentes
Rómulo López estima que, si se aprueba la consulta popular convocada por el presidente Novoa, Ecuador podría pasar al menos dos años entre elecciones, campañas y redacción del nuevo texto. “Nos embarcamos otra vez en un proceso largo, que distrae de los problemas reales del país”, advierte.
Para el analista, los efectos de ese “círculo constitucionalista” son graves: parálisis institucional, inseguridad y estancamiento económico. “Desde la Constitución de 2008, el país ha vivido más criminalidad y un Estado que no funciona. Es un costo altísimo”, afirma.
El mayor problema, añade, es que cada Constitución busca extender el poder del gobernante que la impulsa. “La de Montecristi sirvió para que Correa controlara las instituciones más allá de su mandato. El Consejo de Participación Ciudadana es prueba de eso”, subraya.
Tres poderes, no más
López propone eliminar organismos que, a su juicio, “distorsionan la división de poderes” y recuperar la visión clásica de Montesquieu. “Solo debe haber tres: Ejecutivo, Legislativo y Judicial. No hace falta inventar más”, dice.
Sobre la elección de los jueces, sugiere que no sean elegidos por voto popular, sino designados dentro del cuerpo judicial. “Politizar la justicia, como en México, es un error”, enfatiza.
En su opinión, la Constitución debe limitar al Estado, no a la sociedad. “El poder reside en la ciudadanía, no en el gobierno. No deberíamos pedir permiso al Estado para trabajar o innovar”, sentencia.
Descentralizar el poder y devolverlo a los municipios
El director del Archbridge Institute también plantea revertir el esquema fiscal y político centralista. “Hoy el Ministerio de Finanzas recauda todo y reparte hacia abajo. Debería ser al revés: los municipios recaudan y aportan al gobierno central”, propone.
López considera que esa descentralización fomentaría el desarrollo regional. “El Oriente, rico en petróleo, sigue siendo pobre porque los recursos no se quedan allí”, lamenta.
Según su visión, el Estado debería limitarse a seguridad y justicia, dejando la economía, la producción y la innovación al sector privado. “Si los ciudadanos son la fuente del poder, deben tener también la capacidad de actuar, no delegarlo al Estado”, asegura.
Académicos, políticos y el riesgo del elitismo constitucional
Consultado sobre quiénes deberían redactar una nueva Constitución, López sorprende con su respuesta: “Demasiados académicos pueden ser un problema”. A su juicio, los especialistas tienden a imponer “deformaciones intelectuales” que alejan la norma de la realidad.
“En Montecristi, los asesores españoles de izquierda redactaron un mamotreto imposible de aplicar. Lo que necesitamos es sencillez y sentido común”, sostiene.
Para López, no se requiere ser doctor en Derecho para entender la estructura básica de un Estado. “Los fundadores de Estados Unidos eran comerciantes y agricultores. Su Constitución tiene apenas 30 enmiendas y sigue vigente. España mantiene la misma desde 1978”, recuerda.
Por eso, insiste, el nuevo texto ecuatoriano debe ser corto, claro y duradero, redactado con la participación de ciudadanos que comprendan la realidad nacional.
Una Constitución que dure y devuelva el rumbo al país
El Ecuador ha tenido 20 constituciones en menos de 200 años, siendo la más duradera la de 1906, que se mantuvo 23 años, y la de 1978, con 20 años de vigencia. Desde entonces, los textos no han superado los 17 años.
“Cada Constitución dura dos o tres ciclos de gobierno. Cuando cambia la tendencia política, cambian las reglas”, explica López.
Aunque reconoce la necesidad de reformar la actual Carta Magna, la considera “una camisa de fuerza que impide gobernar”. No obstante, insiste en que el objetivo debe ser poner fin a este ciclo constituyente eterno: “Hay que hacerlo de una vez y bien, para no repetir el mismo error dentro de 10 años”.
Desconectar la política de la vida del país
Para cerrar, López invita a repensar la relación entre Estado y sociedad. “El país debería concentrarse en producir, innovar y educar, no en debatir quién será el próximo constituyente”, señala.
En su visión, la política debe dejar de ser el eje del desarrollo. “Cuando el gobierno influye en todo, el país se paraliza. Debemos liberar a la ciudadanía para que trabaje sin depender del Estado”, afirma.
Con esa perspectiva liberal, el director del Archbridge Institute resume su mensaje: “El Ecuador no necesita más constituciones. Necesita una que dure, que limite el poder del Estado y devuelva la libertad a los ciudadanos”.