La Fiscalía General del Estado (FGE) incorporó como evidencia un grupo de WhatsApp, dentro del caso Las Malvinas. Mediante esta prueba se conoció que 16 militares de la Base Aérea de Taura coordinaron versiones y una defensa común. Esto ocurrió tres días después de la desaparición de tres adolescentes y un niño del sector Las Malvinas. Ocurrió la noche del 8 de diciembre de 2025.
De acuerdo con el expediente fiscal los uniformados compartieron imágenes de personas detenidas, capturas de denuncias y registros de controles viales. En los mensajes se preocuparon por eventuales grabaciones del ECU 911: uno afirmó que “no captaron nada”, mientras otro advirtió que existía una toma “desde arriba”.
Militares investigados en el caso Las Malvinas
Los involucrados sostuvieron que dejaron a los cuatro menores “sanos y salvos” en la vía por orden del subteniente, al “desconocer el procedimiento”. En el chat se planteó la hipótesis de un “autosecuestro” y se insistió en mantener esa narrativa unificada. El 15 de diciembre, en una reunión virtual, el abogado contratado exigió coherencia total en los informes y estructuró la defensa en torno a la liberación sin daños.
Parte de los mensajes refleja roces internos. Varios militares acusaron al subteniente de intentar deslindar responsabilidades y recordaron que la pena por desaparición forzada puede llegar a 34 años. Otros llamaron a “no hacer más grande la situación” y a “decir la verdad tal cual la dejamos” para no contradecirse ante la Fiscalía. El 23 de diciembre de 2025, la Policía Nacional allanó la Base Aérea de Taura y decomisó 16 teléfonos celulares que actualmente son periciados.
Análisis técnico de los celulares de los militares
Los dispositivos contienen el historial completo del grupo “Asesoría jurídica militar” y son clave para establecer la cadena de mando y la responsabilidad individual de cada uniformado, En este caso se investiga la desaparición y posterior muerte de los cuatro menores de Las Malvinas. La Fiscalía General del Estado continúa el análisis técnico de los celulares y los archivos multimedia como prueba central en la instrucción fiscal por desaparición forzada de personas.