La Fiscalía General del Estado presentó evidencia suficiente para responsabilizar a Eduardo G. por agredir sexualmente a su sobrina política. El proceso avanzó con peritajes médicos, valoraciones psicológicas y declaraciones directas que reforzaron el relato entregado por la víctima durante la investigación.
Los jueces evaluaron pruebas determinantes que incluyeron informes clínicos, análisis forenses y testimonios ofrecidos por familiares cercanos de la niña. Cada elemento confirmó la coherencia de los hechos y permitió cerrar el expediente con una decisión firme.
Violación en Babahoyo: el ataque ocurrió durante una visita familiar en El Palmar
El hecho ocurrió el 15 de diciembre de 2024 en El Palmar, un sector rural de Babahoyo. La menor se encontraba en la vivienda del agresor junto a sus padres durante una reunión familiar. El ataque se produjo cuando los adultos salieron unos minutos del domicilio sin imaginar el riesgo que enfrentaba la niña.
Al regresar, los padres notaron un comportamiento inusual y detectaron signos claros de agresión física. Después de conversar con la pequeña, ella relató lo sucedido y detalló aspectos que luego coincidieron con los peritajes médicos y psicológicos.
Evidencia técnica confirmó la versión de la menor
La madre acudió inmediatamente a la Policía y los agentes detuvieron al implicado en el mismo sector. La niña ingresó a una casa de salud, donde recibió atención médica especializada y acompañamiento psicológico durante varios días para garantizar su bienestar.
Durante la audiencia, la Fiscalía expuso un informe médico-legal que detalló lesiones compatibles con el relato de la víctima. También presentó valoraciones psicológicas y sociales que coincidieron con su testimonio y fortalecieron la teoría del caso.
Testimonios y peritajes reforzaron la acusación
En el expediente constan el reconocimiento del lugar de los hechos, el parte elaborado por los agentes que acudieron al domicilio y la declaración del uniformado que detuvo al procesado en la zona. Además, los padres, la tía y la propia víctima ofrecieron testimonio anticipado según los protocolos judiciales establecidos.
Estos elementos permitieron reconstruir la secuencia completa del ataque e identificar al agresor sin margen de duda. La solidez de la prueba técnica y testimonial orientó la decisión final del tribunal.
Sentencia final: 22 años de cárcel por violación en Babahoyo
El artículo 171 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) determina penas severas para el delito de violación. Los jueces aplicaron una condena de 22 años de privación de libertad, una de las más altas contempladas en la normativa vigente para este tipo de agresiones.
La comunidad de Babahoyo sigue impactada por el caso y exige mayor prevención, acompañamiento y mecanismos de denuncia para enfrentar la violencia sexual infantil. (07)