En una entrevista con Manavisión Plus, el asambleísta del Partido Social Cristiano (PSC), Otto Vera, habló sobre la crisis institucional que atraviesa el país. Vera analizó con ojo crítico el estancamiento de las reformas al Código Orgánico Integral Penal (COIP), la aparente desconexión de la Asamblea Nacional con las urgencias ciudadanas y los recientes escándalos de presunta injerencia en el sistema de justicia. Para el legislador, la falta de control político y la burocracia legislativa están dejando al Ecuador a merced de la delincuencia organizada.
-Asambleísta Vera, para iniciar este diálogo, hablemos sobre las reformas al Código Orgánico Integral Penal (COIP). Usted ha criticado la enmienda propuesta por el oficialismo, asegurando que no cambia la realidad del sistema penitenciario. ¿Qué otras observaciones tiene sobre esta normativa?
Me parece que están faltando mayores controles y mayor dureza por parte de quienes deben administrar el sistema de justicia dentro del sistema penitenciario. Lamentablemente, las normas no han sido lo suficientemente elocuentes para tratar con rigor a quienes han infringido la ley.
Lo que el pueblo ecuatoriano debe conocer es que la mayor cantidad de las reformas para fortalecer el sistema de justicia ya se están tramitando. De hecho, el proyecto de reformas al Código Penal fue tratado en segunda instancia en el mes de agosto, pero el debate se suspendió. Misteriosamente, desde agosto hasta la fecha han pasado varios meses y no tenemos respuesta de las autoridades de la legislatura para convocar a su continuación. Ese proyecto tiene cosas positivas, como la eliminación de las medidas alternativas a la prisión cuando alguien es capturado en delito flagrante por extorsión, robo, asesinato o violación; sin embargo, está parado y los jueces siguen dejando libres a delincuentes confesos.
-Además de la dureza en las penas, ¿qué otros aspectos cree usted que deben incluirse en estas modificaciones y que no se están contemplando?
Es fundamental mantener la reserva de los denunciantes. En la actualidad, el sistema obliga a que la víctima plasme su firma, poniéndola en evidencia. El criminal hoy pertenece a bandas organizadas; cuando saben quién denuncia, amenazan a la víctima, disparan a sus casas o carros, y provocan que se retire la denuncia, eliminando así el acto penal. Proponemos que se inserte la reserva del denunciante mediante códigos alfanuméricos que identifiquen la denuncia, pero no a la persona. Actualmente, la normativa provoca que este estado de derecho sea complicado para el ciudadano y favorable para los delincuentes.
-Usted ha mencionado que la Asamblea Nacional dedica mucho tiempo a temas externos, como la situación en Venezuela. ¿Cree que el oficialismo está perdiendo sintonía con los problemas internos que requieren atención urgente?
Lamentablemente, seguimos siendo -pese al llamado de atención que tuvimos de la ciudadanía en las elecciones de noviembre de este año- una caja de resonancia del gobierno de turno. Tratamos prácticamente el 70% de las sesiones en temas que no tienen que ver con la resolución inminente de los problemas del Ecuador. En agosto se paralizó la reforma al Código Penal porque el oficialismo aspiraba a una Asamblea Constituyente que no se dio. Es hora de que ya nos pongamos a trabajar. Está bien ser solidarios con otros países, pero primero tenemos que resolver los problemas nuestros.
-Entrando en temas de fiscalización, ¿cuál es su balance sobre lo ocurrido con el caso Progen y el informe que se presentó en la Asamblea?
Finalizamos un proceso de fiscalización sobre estos actos bochornosos relacionados con Progen y la ATM. Lamentablemente, el informe no fue lo suficientemente contundente; solo faltó felicitar a los ministros y pedir una condecoración al mérito. Según la Contraloría, hubo un atraco al país de más de 170 millones de dólares. Lo que corresponde a la Asamblea es encontrar responsabilidades políticas, pero el informe no fue elocuente. Es una falta de respeto que no hayamos ido más allá de los responsables administrativos.
-¿Quién responde por este perjuicio millonario al Estado si, como usted dice, falló el control político sobre los funcionarios involucrados?
En el campo político la Asamblea le queda debiendo al país. Ni siquiera fueron a comparecer los ministros, que es lo peor. Cuando somos sus jueces naturales en el campo político, ni siquiera se dieron la molestia de asistir. Los funcionarios que tienen la rectoría de una cartera deben monitorear lo que ocurre; si no lo hicieron, hay incumplimiento de funciones. La responsabilidad política nada tiene que ver con la penal; si no monitorearon para evitar que esos contratos se conviertan en una estafa, existe responsabilidad que debe ser sancionada por la Asamblea.
-Hablando de la institucionalidad, ¿cómo analiza las recientes denuncias de presiones a jueces dentro del sistema judicial, como en el caso Euro 2024?
El Ecuador sufre una incertidumbre terrible. La institucionalidad del sistema de justicia está manchada porque funcionarios de la Judicatura presionan a los jueces para favorecer a posibles narcotraficantes, en lugar de procurar que se sancione al infractor. Basta de medias tintas. Por eso, hemos resuelto convocar al doctor Godoy, principal del Consejo de la Judicatura, para que conteste si es verdad o no que hubo presiones al juez Serrano. Si se prueba, la Asamblea tiene que tomar acciones inmediatas.
-Sobre el caso del juez Serrano, él también denunció el retiro de su seguridad. ¿Qué acciones tomará la Asamblea respecto a esta desprotección?
La Asamblea tomó la decisión de efectuar un proceso de control político y tiene que llamar a todos los involucrados: al Presidente de la Judicatura, a los funcionarios señalados, al juez denunciante y al Ministerio del Interior. Alguien dio la orden para retirarle la custodia y debe haber una explicación, porque queda ese olor rancio en el ambiente de que, como el juez no hizo caso, le quitan la seguridad pese a las amenazas recibidas.
-¿Se extenderá esta investigación a otros casos de presunto tráfico de influencias denunciados anteriormente?
Así es. Todos los que tienen que ver en la toma de decisiones en este caso tendrán que comparecer. No solo eso, sino que extenderemos la investigación a posibles casos de tráfico de influencias como el que denunció hace pocos meses la jueza Nubia Vera, quien también afirmó haber recibido presiones por parte de funcionarios del Consejo de la Judicatura. El país necesita claridad.