El cierre parcial de los pasos fronterizos de Ecuador con Colombia y Perú, dispuesto por el Gobierno Nacional desde el 24 de diciembre, ha vuelto a colocar en el centro del debate público la compleja relación entre seguridad, soberanía y desarrollo económico en las zonas limítrofes.
La medida, que deja habilitados únicamente los cruces de Rumichaca, en la frontera norte, y Huaquillas, en el sur, fue justificada oficialmente como una decisión basada en “criterios de seguridad nacional” orientados a combatir al crimen organizado que opera en estos territorios.
La justificación para tomar la medida en las fronteras
Según el Ministerio de Gobierno, la resolución se sustenta en análisis técnicos y de inteligencia que buscan frenar economías criminales asociadas a delitos como la trata de personas, el contrabando, la minería ilegal, la extorsión y el sicariato.
El Ejecutivo sostiene que la reducción de pasos oficiales pretende cerrar rutas irregulares utilizadas por organizaciones delictivas, sin afectar el comercio legal ni la seguridad de las comunidades fronterizas. No obstante, el anuncio generó preocupación y rechazo en provincias como Loja, donde sectores productivos y turísticos alertan sobre un posible impacto negativo en la economía local.
Las cifras de Migración muestran la magnitud del problema. Hasta el 24 de diciembre, Ecuador contaba con siete pasos fronterizos terrestres habilitados oficialmente. De ellos, Huaquillas y Rumichaca concentraron la mayor movilidad durante el año, con más de 450.000 ingresos y cerca de 469.000 salidas del país.
Sin embargo, cruces como Macará —ahora inhabilitado— se ubicaban como el tercer paso más utilizado, con más de 28.600 ingresos y 28.900 salidas, lo que evidencia la relevancia económica y social de estos corredores para las poblaciones locales. Actualmente, los pasos cerrados permanecen militarizados, como parte del refuerzo del control estatal.
Escenario regional más complejo
El trasfondo de la decisión gubernamental se conecta con un escenario regional cada vez más complejo. Investigaciones periodísticas, como la publicada por la revista colombiana Semana, revelan que en los últimos dos años narcotraficantes y grupos armados irregulares han ganado un control significativo sobre amplios tramos de la frontera ecuatoriana, desplazando en la práctica a las Fuerzas Armadas de Ecuador y Colombia.
Informes de inteligencia citados por la publicación señalan que estas organizaciones manejan los flujos de entrada y salida entre ambos países, con capacidad para comprar voluntades políticas, judiciales y policiales.
Las estrategias criminales se han sofisticado. De acuerdo con la investigación, las mafias han invertido en infraestructura ilegal, construyendo carreteras y puentes en zonas selváticas para facilitar el transporte de cocaína producida en regiones colombianas como Nariño, Cauca, Caquetá y Putumayo.
Ecuador se ha convertido en un corredor clave para la salida de la droga hacia mercados de Estados Unidos, Europa y Asia. El general Fausto Salinas, excomandante de la Policía Nacional, afirmó que cerca de 900 de las 1.500 toneladas de cocaína que produce Colombia cada año transitan por territorio ecuatoriano.
A este panorama se suma la expansión de bandas delictivas ecuatorianas, como los Choneros y los Tiguerones, cuya presencia ya ha sido detectada en Perú, según reportes de la Policía Nacional de ese país. El aumento de actividades ilícitas —minería ilegal, tráfico de armas y migración irregular— ha deteriorado las condiciones de seguridad a lo largo de los 1.529 kilómetros de frontera entre Ecuador y Perú, afectando tanto a poblaciones locales como a comunidades indígenas.
Los riesgos en la Amazonía
En la Amazonía, la situación es aún más crítica. El informe “En las sombras del Estado: economías ilícitas y control armado en la trifrontera de Colombia, Ecuador y Perú” advierte que esta zona se ha convertido en uno de los espacios fronterizos más conflictivos de la cuenca amazónica. Disidencias de las FARC y organizaciones criminales ecuatorianas compiten violentamente por el control del narcotráfico y la minería ilegal, incentivadas por el abandono estatal histórico y el alto precio del oro, que supera los 3.000 dólares la onza.
Más allá del impacto en seguridad, estas economías ilícitas generan una grave degradación ambiental, con deforestación masiva y contaminación de ríos y suelos, poniendo en riesgo un ecosistema clave para la mitigación del cambio climático.
Los investigadores subrayan la necesidad de una respuesta regional articulada, basada en la armonización de marcos legales, el respeto a los derechos de las comunidades locales y una estrategia integral de justicia y sostenibilidad.
Los recientes acuerdos de cooperación militar entre Colombia, Ecuador y Perú representan un paso en esa dirección, aunque su éxito dependerá del respaldo político, el financiamiento y la voluntad de sostener una acción conjunta a largo plazo. (10).