El presidente del Consejo de la Judicatura, Mario Godoy, presentó una nueva solicitud de licencia al cargo desde el 30 de diciembre de 2025 hasta el 2 de enero de 2026, justo antes de su comparecencia ante la Asamblea Nacional programada para el 5 de enero de 2026. Esta medida se produce en medio de un escándalo por presuntas presiones a un juez anticorrupción y mientras el funcionario guarda silencio respecto a la recomendación de renuncia emitida por el presidente Daniel Noboa. La licencia, según Godoy, responde a la necesidad de preparar su defensa en el Parlamento, en un contexto de tensiones políticas que involucran al oficialismo y a sectores opositores.
La solicitud de Mario Godoy se enmarca en el revuelo generado por acusaciones de interferencia en el caso Euro 2024, donde se procesa al narcotraficante serbio Jezdimir Srdan. El funcionario ha sido señalado por presuntamente presionar al juez Carlo Serrano para un fallo favorable al acusado. Esta no es la primera ausencia de Godoy: previamente, tomó licencia durante el feriado de Navidad, reasumiendo funciones solo el 29 de diciembre para asistir a una sesión del Consejo de Seguridad Pública y del Estado (Cosepe). Tras esa breve reincorporación, optó por extender su alejamiento temporal.
Antecedentes del escándalo y declaraciones de Mario Godoy
En una entrevista concedida al canal RTU el 22 de diciembre, Mario Godoy afirmó que acudirá a la Asamblea con “información contundente” y anticipó que su intervención “va a sacudir un poco el avispero”. Además, acusó al movimiento Revolución Ciudadana de intentar controlar instituciones como el Consejo de Participación Ciudadana, el Consejo de la Judicatura y las designaciones de autoridades. Estas declaraciones han intensificado el debate político, especialmente tras la presentación por parte del correísmo de una solicitud de juicio político contra Godoy y cinco consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs).
Durante la ausencia de Godoy, la presidencia interina del Consejo de la Judicatura recae en su suplente, Alexandra Villacís. Sin embargo, esta designación genera desconfianza en el Gobierno y en la bancada oficialista de Acción Democrática Nacional (ADN). Villacís, exfuncionaria durante el gobierno de Guillermo Lasso –donde estuvo encargada de temas relacionados con puertos–, es vinculada por ADN a intereses del expresidente. La jefa de bloque de ADN, Valentina Centeno, declaró: “Se están cobrando el favor. Primero la RC salvó a los ministros del gobierno de Lasso. Ahora buscan poner en el Consejo de la Judicatura a una exfuncionaria de ese mismo gobierno”.
Tensiones políticas y reacciones de partidos
Esta situación ha desencadenado un enfrentamiento digital entre ADN y el movimiento CREO, fundado por Lasso. Él ha exigido al oficialismo asumir responsabilidad por la situación de Mario Godoy. Por su parte, Villacís ha negado responder a intereses políticos y ha rechazado las acusaciones. Según la agenda oficial, no se han registrado reuniones entre Godoy y Villacís. Tampoco están programadas sesiones del Pleno de la Judicatura durante estos días, que coinciden con el feriado de Año Nuevo.
La complejidad del escenario aumenta ante la posibilidad de una renuncia definitiva de Godoy tras su comparecencia del 5 de enero. Esto, en caso de acoger la recomendación de Noboa. De concretarse, el artículo 262 del Código Orgánico de la Función Judicial establece que el Pleno del Consejo de la Judicatura será presidido por el delegado del presidente de la Corte Nacional de Justicia, y en su ausencia, por su alterno. Esto implicaría que Villacís asuma la presidencia hasta 2031.
Posibles escenarios de sucesión y debate legal
No obstante, en círculos del Gobierno y la Corte Nacional de Justicia se discuten alternativas para evitar que Villacís ocupe el cargo. Una opción mencionada es el envío de una nueva terna. Esta está amparada en el artículo 12 del reglamento de selección de la Judicatura aprobado en 2024 por el Consejo de Participación Ciudadana, presidido por Andrés Fantoni. Dicho artículo permite activar mecanismos de selección por ausencia definitiva de vocales.
El canal Ecuavisa reportó que en la Corte Nacional también se baraja la posible renuncia del presidente José Suing. “Tampoco estoy pegado al cargo”, dijo al medio. Al ser consultado sobre una nueva terna, Suing indicó a : “Así sería”. Expertos como el expresidente de la Judicatura, Álvaro Román, advierten que estas alternativas podrían violar la jerarquía normativa. Román enfatizó: “Un reglamento no puede modificar ninguna norma de rango superior que es un código orgánico o una Constitución. Ella ya está posesionada como vocal, ella tiene que asumir la Presidencia” (24).