50La designación de Mario Godoy como titular de la Judicatura ha desatado una ola de críticas debido a presuntos conflictos de intereses. En este escenario, el diálogo nacional se centra en la fragilidad de la justicia y el rol del Consejo de Participación Ciudadana (CPCCS). Para profundizar en este tema, conversamos en Manavisión Plus con el Abogado Leonel Fuentes, analista político y Decano de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad de Guayaquil.
-Abogado, para iniciar este diálogo de forma general, ¿qué lectura le deja el caso de Mario Godoy, actual presidente del Consejo de la Judicatura? ¿Qué podemos esperar los ecuatorianos cuando se lo acusa de conflicto de intereses?
Lo primero es que cuando uno toma un cargo público tiene que cumplir con ciertos deberes que están en la Constitución y en la ley. Uno de los principales es la transparencia y ejercer el cargo con probidad y honestidad para generar confianza. Cuando se pierde eso, la administración pública es destruida por servidores que no cumplen la ley. Este caso demanda un estudio mayor porque la Judicatura incide directamente en la vida de las personas a través de los jueces. Al perderse la probidad y romperse la independencia judicial, ya prácticamente no queda nada que decir.
-Se ha cuestionado el plazo de ocho días otorgado en la Asamblea para el juicio político. ¿Cree que este tiempo es para que el señor Godoy se prepare o para que el caso se “enfríe” por las festividades de fin de año?
Naturalmente, toda defensa requiere preparación, es parte del debido proceso. Lo que no es normal es que, ante un hecho que amerita revisión inmediata, se le dé tanto tiempo. Un juicio político puede demorar hasta 72 días entre el CAL, la Comisión de Fiscalización y el informe final. Haberle dado tanto tiempo al señor Godoy es, evidentemente, algo que no está en consonancia con la realidad de lo que se quiere investigar: actos que van contra la imparcialidad. Es un desacierto de la Asamblea.
-¿Qué esperar de la justicia con un expresidente de la Judicatura en la cárcel y el actual señalado por conflictos de intereses?
Cuando se rompe la independencia judicial y la confianza pública, estamos en una sociedad destruida. Al perder la confianza en la justicia, ya estamos en manos de Dios; no tenemos a dónde recurrir. La administración de justicia debe ser apolítica, imparcial e independiente. La garantía de honestidad es que los jueces no tengan acercamiento con el poder político, y peor aún con el crimen organizado o las mafias. Si estamos en esta posición, el Ecuador requiere un análisis profundo de cómo refundar el Estado.
-El señor Godoy llegó al cargo con el aval de varios funcionarios. ¿Deben otras personas, como los vocales del CPCCS, ser incluidas en el juicio político?
El Ecuador cometió un grave error democrático al no eliminar el Consejo de Participación Ciudadana (CPCCS) cuando tuvo la oportunidad. Ese “engendro constitucional” es la fuente de la mayoría de nuestros problemas porque no representa a nadie, solo a los intereses de partidos políticos que buscan captarlo como un botín. La responsabilidad recae también en los miembros del CPCCS que votaron a favor de estas ternas sin revisar la idoneidad ni el pasado judicial de los postulantes. Por mandato del artículo 131 de la Constitución, ellos también deberían ser sometidos a juicio político.
-¿Existe alguna alternativa jurídica para evitar este “manoseo” en la elección de autoridades si no se puede eliminar el CPCCS?
En la actualidad no existe otra forma, porque la única vía es la aplicación de la norma y las opciones de cambio ya han sido rechazadas por la ciudadanía en consultas populares. Estamos ante un CPCCS que no solo elige mal, sino que es incapaz; tiene más de 14 concursos represados. Vivimos con autoridades deslegitimadas o prorrogadas. Es una situación oscura y, aunque generaría caos, una medida necesaria es que quienes votaron por Godoy también enfrenten la fiscalización.
-¿Qué reflexión le deja este escenario? ¿Por qué cree que la ciudadanía se resiste a eliminar el CPCCS?
Como académico, creo que debemos seguir planteando su eliminación en un momento cercano. Es preferible que las autoridades sean elegidas por el Parlamento, que tiene legitimidad democrática, y no por cinco consejeros que a veces son “los suplentes de los suplentes”. No veo salida a corto plazo; hay que jugar con las cartas que tenemos, pero debe haber mayor presión ciudadana y fiscalización. La prensa debe seguir investigando para demostrar cómo la función pública está cooptada por la corrupción.
-¿Debería el Gobierno insistir en una nueva consulta popular, quizás aprovechando las elecciones seccionales?
Es probable que se dé una oportunidad ahí, aunque es arriesgado para el gobierno tras los últimos resultados. La estructura jurídica macro no la puede cambiar el presidente por sí solo. Mientras tanto, la lucha contra la corrupción debe seguir desde la sociedad civil y los medios, sacando a la luz irregularidades para depurar las instituciones por presión. Pero la solución final conlleva un cambio estructural profundo.
-Finalmente, ¿cree que los ecuatorianos han madurado su comprensión sobre el rol del CPCCS para una futura votación?
Es un problema de cultura y análisis. La ciudadanía es soberana y decide con aciertos o desaciertos. El CPCCS es una de las instituciones más financiadas y, sin embargo, la gente no comprende la necesidad de extirparla. Podríamos buscar mecanismos donde intervengan las universidades y académicos de alto nivel para elegir autoridades, pero hoy estamos en manos de un consejo inepto y sin legitimidad.