La seguridad de los jueces anticorrupción en Ecuador encendió las alertas internacionales.
La relatora especial de la ONU sobre la independencia de jueces y abogados, Margaret Satterthwaite, manifestó su preocupación por las condiciones en las que ejercen los magistrados que investigan casos de alto impacto vinculados a corrupción y crimen organizado.
Además, la experta reaccionó luego de que, en diciembre, un grupo de jueces solicitó formalmente al Consejo de la Judicatura mejoras urgentes en sus esquemas de protección, tras la renuncia de un compañero que denunció presiones y amenazas directas.
Preocupación de la ONU por la seguridad de jueces anticorrupción en Ecuador
Satterthwaite difundió su advertencia a través de la red social X, donde calificó como alarmante la situación que enfrentan jueces y operadores judiciales en el país, especialmente aquellos que investigan delitos complejos relacionados con corrupción y violaciones graves de derechos humanos.
“Noticias alarmantes sobre la seguridad de jueces y operadores judiciales, especialmente de aquellos que investigan casos de alto impacto relacionados con corrupción y graves violaciones de derechos humanos, en un contexto marcado por el crimen organizado y denuncias de connivencia con sectores del poder judicial”, escribió la relatora.
Asimismo, la experta subrayó que este escenario ocurre en medio de un contexto de expansión del crimen organizado y denuncias persistentes sobre presuntos vínculos dentro del sistema judicial.
En ese marco, la ONU advierte que la falta de garantías reales compromete la independencia judicial y debilita la confianza institucional.
Jueces denuncian riesgos reales y protección insuficiente
En una carta pública fechada el 26 de diciembre, diez jueces anticorrupción alertaron al Consejo de la Judicatura que los informes de riesgo elaborados para su protección “no obedecen a la realidad”.
Según explicaron, los análisis oficiales sostienen que el nivel de riesgo disminuye con el tiempo, cuando en la práctica sus cargos representan una fuente de peligro creciente, debido a la exposición pública y la naturaleza de los casos que manejan.
Además, los magistrados señalaron que advirtieron sobre esta situación en al menos siete ocasiones previas, sin obtener respuestas efectivas por parte de las autoridades.
Hasta ahora, únicamente les asignaron dos policías, sin logística ni financiamiento. Por ello, los propios jueces deben asumir los costos del personal asignado, lo que agrava aún más su vulnerabilidad.
Renuncia de un juez y tensiones políticas en la Judicatura
La carta se difundió luego de conocerse la renuncia del juez Carlos Serrano, quien dejó su cargo tras denunciar presuntas presiones de un funcionario de la Judicatura en un proceso por lavado de activos.
El caso involucra a un narcotraficante serbio, quien también habría amenazado al magistrado por integrar el tribunal que lo sentenció.
Esta situación escaló al plano político. El correísmo, principal fuerza de oposición al Gobierno de Daniel Noboa, impulsó un juicio político contra el presidente del Consejo de la Judicatura, Mario Godoy.
El conflicto se intensificó debido a que la esposa de Godoy defendió al procesado extranjero durante la fase de investigación previa, lo que generó cuestionamientos sobre posibles conflictos de interés.
Advertencia por patrones persistentes de inseguridad judicial
Satterthwaite recordó que ya en 2023 alertó sobre la persecución de operadores judiciales en Ecuador, incluyendo amenazas de bomba y atentados dirigidos contra complejos judiciales.
Por ello, expresó su preocupación al constatar que “los patrones de inseguridad persisten en el país, a pesar de los compromisos declarados por el Gobierno para reforzar su seguridad”.
La relatora enfatizó que la intimidación contra jueces y fiscales representa una interferencia directa en el proceso judicial.
“La intimidación y las presiones contra jueces y fiscales que investigan actos de corrupción y delincuencia organizada ponen en peligro el principio de independencia judicial y constituyen una injerencia directa en el proceso judicial”, afirmó.
Jueces anticorrupción en Ecuador: obligación del Estado y riesgo para el estado de derecho
Finalmente, la experta de la ONU recordó que es responsabilidad del Estado garantizar condiciones adecuadas para el ejercicio de la justicia.
Agregó que “es obligación del Estado garantizar la seguridad y la integridad personal de los funcionarios judiciales y adoptar medidas para asegurar su derecho a la vida”.
Satterthwaite concluyó con una advertencia directa sobre las consecuencias de la falta de acción institucional.
“La inacción incrementa la vulnerabilidad de los operadores de justicia independientes y debilita el Estado de derecho”, sentenció. (07)