El escándalo por la tentativa de venta de un predio municipal en el cantón La Libertad, provincia de Santa Elena, lejos de cerrarse, suma nuevos capítulos que mantienen en vilo a la opinión pública. Lo que comenzó como una polémica administrativa hoy se ha convertido en un caso con denuncias penales, acusaciones cruzadas, versiones contradictorias y la intervención de organismos de control del Estado.
Esta semana, asambleístas de la Revolución Ciudadana (RC) se trasladaron hasta La Libertad para presentar una denuncia formal contra el alcalde Francisco Tamariz. Los legisladores Mónica Palacios, Ricardo Patiño, César Palacios y Arisdely Parrales interpusieron la acusación por presuntos delitos de testaferrismo, tráfico de influencias y atentado contra el bien público, en relación con la venta de 93 hectáreas de terreno municipal.
La compradora que trabajaba en una cafetería
El predio en cuestión está ubicado en el sector Bosque de Vida, cerca de la represa Velasco Ibarra, y fue valorado en USD 2.7 millones. La polémica estalló cuando se conoció que la compradora sería Jenny Ramírez, una joven de 24 años que, según versiones difundidas, hasta hace poco trabajaba atendiendo una cafetería en la ciudad. Para los denunciantes, el perfil económico de la joven no coincide con una operación de esa magnitud.
El asambleísta César Palacios calificó la operación como un “atraco”. Según explicó, el terreno habría sido ofertado a un precio “irrisorio” de USD 2.94 por metro cuadrado, muy por debajo de su valor real. A su criterio, se trataría de una maniobra para beneficiar intereses ocultos utilizando a una tercera persona como figura intermediaria.
Palacios añadió que, además de la denuncia penal, solicitaron a la Fiscalía que localice a la joven Ramírez para garantizar su seguridad. “Una joven peninsular que por algún interés o amenaza ha tenido que obrar de esta forma”, señaló, dejando entrever que podría estar siendo utilizada por terceros. También pidieron a la Contraloría General del Estado que inicie un examen especial a todo el proceso de compra.
Los asambleístas en La Libertad y la respuesta
Por su parte, la asambleísta Mónica Palacios relató que acudió a la cafetería donde supuestamente trabajaba la joven para recabar información. Sin embargo, los propietarios del local se negaron a dar declaraciones. “Nos llamó la atención: ¿Dónde está, qué pasó con Jenny Ramírez?”, cuestionó. Además, denunció que, según fuentes humanas, la madre de la joven trabajaría como empleada doméstica de Cynthia Gellibert, figura vinculada al movimiento ADN al que pertenece el presidente de la República, Daniel Noboa.
Estas afirmaciones provocaron una reacción inmediata de Gellibert, quien respondió en la red social X acusando a Mónica Palacios de hacer “política de la más baja, cruel y miserable”. Aseguró que la legisladora habría hostigado a su madre, una adulta mayor de 92 años, y advirtió que cualquier afectación a su salud o seguridad sería responsabilidad directa de la asambleísta.
Jenny Elvia Ramírez desiste de comprar el terreno
En medio de este cruce de acusaciones, el caso dio un giro inesperado. Jenny Elvia Ramírez Palma presentó una carta formal dirigida al alcalde Francisco Tamariz, en la que desiste expresamente de la compra del terreno aprobada por el Concejo Cantonal de La Libertad en diciembre pasado. En el documento, solicita que la resolución sea rectificada para que la compraventa ya no esté a su nombre, sino directamente a favor de una empresa interesada en financiar y ejecutar un proyecto turístico, cuyo nombre no fue revelado.
Según la carta, Ramírez habría elaborado en agosto de 2025 un “Proyecto agroturístico y de reforestación del terreno que rodea a la represa Velasco Ibarra”, el cual presentó posteriormente a una empresa privada. Esta compañía, afirma, condicionó el financiamiento a que la compraventa del terreno constara inicialmente a su nombre. También señala que mantuvo reuniones previas con el alcalde y que el Concejo aprobó la venta con base en informes técnicos, jurídicos y administrativos favorables.
No obstante, tras la aprobación, la joven asegura haber sido blanco de ataques públicos y mediáticos, incluso por parte de concejales, lo que —según su versión— vulneró sus derechos y afectó su vida personal y laboral. Por ello, decidió no continuar con la compra, aunque dejó abierta la posibilidad de que el proyecto se ejecute si el Concejo adjudica directamente el predio a la empresa interesada, han informado los medios de comunicación.
La contradicción sobre la suplantación de identidad
Este desistimiento parcial generó más dudas. Apenas días antes, Ramírez había declarado a medios que su identidad habría sido suplantada y que nunca solicitó la compra del terreno. Además, existen investigaciones en curso y una alerta presentada ante la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) por el concejal opositor Bruno Dedé. Para ediles como Marino Carriel, la situación es insostenible. “La señorita no puede decidir a quién se le da el terreno. Eso lo debe resolver el Concejo y necesitamos saber qué empresa es”, afirmó.
El Concejo Cantonal, que debía sesionar para tratar el tema, suspendió su reunión alegando razones personales del secretario y prosecretario. Con ello, se perdió una oportunidad clave para que el alcalde Tamariz se pronuncie públicamente sobre el caso.
Así, el caso del terreno municipal de La Libertad se mantiene abierto, envuelto en contradicciones y bajo la lupa de la justicia y la opinión pública.