La Asamblea Nacional retoma con fuerza su rol fiscalizador en este inicio de 2026. En un espacio de entrevista de Manavisión Plus, el economista y asambleísta por el PSC, Otto Vera, desglosó los motivos que impulsan el juicio político contra Mario Godoy, actual presidente del Consejo de la Judicatura, y cuestionó duramente la estructura actual de los organismos de control en el Ecuador.
-Comencemos con el tema Mario Godoy. El CAL finalmente dio paso al juicio político tras el informe técnico. ¿Cuál es su lectura sobre este proceso y la postura del Partido Social Cristiano?
Me parece que la presión ciudadana ha hecho que se acorten los tiempos para que el CAL tome una decisión. Pese a que ha habido acciones que dan a entender que se intenta retrasar el proceso con comparecencias absurdas y tiempos perdidos sin razón, finalmente la fiscalización avanza. En las próximas horas debería notificarse a la Comisión de Fiscalización para iniciar el periodo de pruebas.
La posición mía y del Partido Social Cristiano es de apoyo total al juicio político. Hay mucha evidencia que incrimina al doctor Godoy en incumplimiento de funciones. Él es el superior del exdirector de la Judicatura en Pichincha, involucrado en presiones para favorecer a un narcotraficante. A la luz de las evidencias, estaríamos de acuerdo con su censura y destitución.
-En su comparecencia ante el Pleno, el doctor Godoy se defendió. ¿Sus argumentos fueron suficientes para desvirtuar las acusaciones?
Lo único que hizo fue atacar. El principal motivo por el que fue a la Asamblea era para desvanecer las pruebas comunicacionales en su contra y de eso no habló. Solo ratificó que su familia cercana defendió a un narcotraficante en la etapa preprocesal. Éticamente, esto es grave. Un abogado puede patrocinar a quien quiera, pero quien está al frente de la Función Judicial no puede tener relación directa con defensores del crimen organizado. “La mujer del César no solo debe ser, sino parecer”. Si mantenemos estos esquemas, la justicia pierde credibilidad.
-Se dice que hay sectores interesados en “tomarse la justicia”. ¿Quién cree usted que está detrás de estas designaciones y de las críticas actuales?
Me sorprendió que el doctor Godoy dijera eso. El presidente de la Judicatura sale de una terna enviada por el presidente de la Corte Nacional, el doctor Suing. Si Godoy sale, asume el suplente, que también fue enviado en la misma terna. Entonces, ¿quién intenta tomarse la justicia? ¿Acaso es el doctor Suing o quién está detrás de él? Hay una trama de cosas que deben investigarse, incluso señalamientos sobre familiares del doctor Suing vinculados al Gobierno.
-Ante los constantes escándalos en el Consejo de la Judicatura, ¿es momento de repensar la existencia de este ente?
El PSC mantiene la tesis desde la Constitución de 2008: no tiene sentido que existan el Consejo de Participación Ciudadana ni el de la Judicatura. El tiempo nos ha dado la razón. Estos organismos solo han servido para que la política inserte sus tentáculos en el nombramiento de autoridades. Ambos deberían desaparecer. No hay que inventar el agua tibia; hay otros mecanismos en el derecho comparado que funcionan sin tanta influencia política.
-Pasando al tema Progen, ¿qué informe se tiene desde la Asamblea en materia de fiscalización?
El informe ya fue entregado, pero yo no voté a favor. Se identificaron responsabilidades penales para mandos medios, pero no hubo responsabilidad política para los ministros. Eso me parece una ofensa al pueblo. Si los ministros, que son los rectores de las carteras de Estado, no se dieron cuenta de que le estaban haciendo un “atraco” al país, entonces incumplieron sus funciones por omisión. En el caso Progen, por lo menos en la parte política, ya no hay responsabilidades y eso es lamentable.
-¿Es difícil fiscalizar cuando las comisiones están mayoritariamente en manos del oficialismo?
Es difícil, como se vio en el caso Progen donde se trató de salvar a los ministros. Pero no es inoficioso. Como legisladores independientes podemos realizar solicitudes de información y alertar a la opinión pública.
-Respecto a lo electoral, el PSC sufrió un golpe en las últimas seccionales en Guayas. ¿Qué están haciendo para recuperar esos espacios?
Fue un mensaje que tomamos con prudencia. Hemos actualizado nuestro ideario y reestructurado sectores de la dirigencia. El PSC sigue siendo una fuerza con líderes locales fuertes. El modelo de gestión que hemos aplicado ha dado resultados y estamos listos para enfrentar el nuevo proceso electoral con una planificación estratégica. El abogado Jaime Nebot, como presidente vitalicio, sigue activo en la toma de decisiones; su experiencia es fundamental para orientar nuestra acción.
-Para cerrar, ¿cuál es la hoja de ruta legislativa del PSC para este 2026?
Nos enfocamos en seguridad: reformas al COIP para sancionar penalmente a jueces que liberen criminales confesos y proteger la identidad de los denunciantes mediante códigos alfanuméricos. También buscamos quitarle el manejo gubernamental al IESS para evitar que sus recursos se usen indiscriminadamente. Finalmente, impulsamos el Código Orgánico para el fortalecimiento del sector agroproductivo, protegiendo al pescador artesanal y al campesino.