El Consejo de la Judicatura calificó como falsa la información sobre una presunta exigencia de dimisión dirigida a los notarios a nivel nacional. La entidad emitió este pronunciamiento oficial mientras la Asamblea Nacional avanza en el proceso de juicio político contra su titular, Mario Godoy. Según el comunicado oficial, la afirmación carece de sustento fáctico y representa una lectura errónea de un documento técnico enviado a las dependencias. La institución enfatizó que el origen de la confusión radica en una interpretación equivocada sobre un oficio enfocado estrictamente en un trámite administrativo. Este tipo de procedimientos responde a la planificación anual para el control de los servicios legales que prestan los funcionarios en las provincias.
Verificación de obligaciones económicas
El documento emitido por la entidad tiene como objetivo asegurar el cumplimiento de las responsabilidades financieras de los notarios con el Estado. Estas acciones se fundamentan en las disposiciones vigentes dentro del Código Orgánico de la Función Judicial y el Reglamento del Sistema Notarial Integral. Por lo tanto, el control busca verificar que los recursos percibidos por las tasas notariales ingresen correctamente a las cuentas del tesoro nacional. Los mecanismos de supervisión operativa garantizan que la recaudación de valores por actos públicos se ajuste a las tablas establecidas por el ente rector.
La normativa vigente otorga al Consejo de la Judicatura la competencia exclusiva para vigilar el comportamiento administrativo de los despachos que otorgan fe pública. Debido a esta facultad, la institución realiza auditorías periódicas para transparentar los ingresos que genera cada oficina en el territorio ecuatoriano durante el ejercicio. Los reportes técnicos aseguran la transparencia en la gestión de fondos públicos que provienen de la actividad legal ejercida por los funcionarios judiciales encargados. Este proceso de fiscalización interna permite detectar cualquier anomalía en los pagos que deben efectuar los notarios de acuerdo con la ley orgánica.
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— CJPichincha (@CjPichincha) January 12, 2026
Atribuciones y seguridad jurídica
La entidad aclaró que su intervención se desarrolla bajo los parámetros establecidos en la Constitución para proteger los recursos públicos de los ciudadanos. Estas labores de vigilancia administrativa no vulneran los derechos laborales ni buscan imponer la terminación de funciones de los servidores del área notarial. Al mismo tiempo, el organismo reafirmó que su misión consiste en regular y supervisar la actividad judicial sin interferir en la estabilidad laboral. La protección de los activos estatales constituye una prioridad dentro de la gestión técnica para mantener la confianza en el sistema de justicia.
Los notarios cumplen el rol de funcionarios estatales delegados para autorizar escrituras, testamentos, poderes y otros documentos que requieren validez legal en el país. En consecuencia, la protocolización de estos instrumentos jurídicos depende de un sistema administrativo sólido que cumpla con los estándares de control económico vigentes actualmente. El personal encargado de estas notarías también gestiona trámites de divorcios por mutuo consentimiento y otros actos de jurisdicción voluntaria definidos por la ley. La supervisión institucional garantiza que cada uno de estos procedimientos técnicos mantenga el respaldo legal necesario para la seguridad de los usuarios.
Control institucional y servicios de la Judicatura
El pleno del organismo ratificó que las comunicaciones enviadas forman parte de las atribuciones normales para garantizar la transparencia en la gestión de fondos. Los técnicos del área administrativa explicaron que la revisión de los expedientes busca exclusivamente el ordenamiento de las cuentas fiscales en cada jurisdicción. Por esta razón, la autoridad judicial descartó cualquier relación entre los trámites ordinarios y las especulaciones sobre cambios forzosos en las plazas laborales. La estabilidad de los servicios notariales se mantiene bajo los cronogramas de trabajo establecidos para el presente periodo fiscal en las delegaciones.
La transparencia en la recaudación de tasas notariales permite que el Estado financie otros componentes del sistema judicial para mejorar la atención ciudadana integral. El Consejo de la Judicatura continuará con la ejecución de sus planes operativos de vigilancia para prevenir el mal uso de los recursos públicos. Igualmente, la entidad instó a la ciudadanía a verificar los datos a través de los canales oficiales para evitar la propagación de rumores.