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En medio de crecientes cuestionamientos por las condiciones de salud en los centros de privación de libertad, el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y Adolescentes Infractores (SNAI) salió al paso de las denuncias presentadas por familiares de internos, quienes advierten presuntas falencias en la atención médica y en la ejecución de acciones legales como el habeas corpus.
A través de un comunicado difundido la noche del sábado 7 de febrero, la institución sostuvo que mantiene intervenciones constantes orientadas a mejorar la calidad de vida dentro del sistema carcelario, con énfasis en aspectos sanitarios, alimentarios y de infraestructura.
Acciones sanitarias y control de enfermedades
Según el SNAI, se han reforzado los procesos de control epidemiológico en coordinación con el Ministerio de Salud Pública, lo que incluye diagnósticos, tratamientos y seguimiento médico para las personas privadas de la libertad. En particular, se aplican protocolos para identificar y aislar a internos con tuberculosis u otras enfermedades infectocontagiosas, con el fin de reducir los riesgos de propagación.
La entidad indicó que estas medidas buscan proteger no solo a la población penitenciaria, sino también al personal que labora en los centros y a los visitantes autorizados.
Refuerzo de personal y coordinación interinstitucional
El organismo responsable del sistema penitenciario aseguró que ha incrementado su personal técnico, administrativo y de seguridad, además de fortalecer los mecanismos de control y supervisión interna. Estas acciones, afirmó, se desarrollan de manera articulada con otras instituciones del Estado.
En ese marco, el SNAI señaló que trabaja junto a las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional en temas de seguridad, y mantiene coordinación con la Fiscalía y la Policía Judicial para diligencias investigativas y periciales que se requieran.
Contexto de denuncias y medidas cautelares
El pronunciamiento oficial se produce mientras persisten las alertas sobre la crisis sanitaria en la Penitenciaría del Litoral, una situación que motivó la conformación de una mesa interinstitucional para revisar las denuncias presentadas por familiares y organizaciones sociales.
La intervención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que otorgó medidas cautelares, impulsó la instalación de este espacio de diálogo con participación de delegados de derechos humanos y entidades estatales, ante el riesgo para la vida y la salud de los internos.
El SNAI reiteró que su actuación se rige por la Constitución y los instrumentos internacionales de derechos humanos, y que su obligación es garantizar la custodia y la atención integral de las personas privadas de la libertad.