• 3 minutos de lectura
Thiare Álvarez, una joven de 26 años residente en Chile, denunció públicamente que el sistema de salud pública le impide acceder a un trasplante de médula ósea debido a su condición de hija adoptiva.
Tras ser diagnosticada en agosto de 2025 con leucemia mieloide aguda, la paciente requiere de este procedimiento como única alternativa de cura; sin embargo, los protocolos de financiamiento estatal actuales exigen que el donante sea un familiar consanguíneo, dejando fuera a quienes, como ella, carecen de compatibilidad genética con su núcleo familiar legal.
Un trasplante que puede salvarle la vida
La situación de Álvarez comenzó a mediados del año pasado cuando recibió el diagnóstico de cáncer en la sangre. A pesar de haberse sometido a ciclos de quimioterapia y haber alcanzado la fase de remisión, la joven explicó que este tratamiento es paliativo y no ofrece una solución definitiva. “Esta enfermedad solamente se puede curar y puedo vivir con un trasplante de médula”, señaló la afectada, resaltando la urgencia de la intervención quirúrgica ante el deterioro progresivo de su salud.
El caso fue evaluado por el Comité de Trasplantes del Hospital del Salvador, en Santiago, donde se le notificó que el sistema público de salud financia estos procedimientos “solo si el donante es un familiar”.
Esta normativa genera una barrera insalvable para las personas adoptadas, quienes por su origen biológico no presentan compatibilidad con sus padres o hermanos legales, viéndose obligadas a buscar donantes externos en registros nacionales o internacionales.
Costos inalcanzables en el sector privado
Ante la falta de cobertura pública para donantes no emparentados, Thiare y su entorno buscaron opciones en el extranjero y en bancos de datos de donantes voluntarios. Si bien la búsqueda fue exitosa y actualmente cuenta con varias personas compatibles, el costo de realizar el procedimiento de forma particular es prohibitivo.
Según denunció, el sistema público no se hace cargo de los gastos derivados de un trasplante no familiar, calificando el proceso como “extremadamente caro”. “Actualmente cuento con varias personas que son compatibles conmigo; sin embargo, no cuento con el monto para hacerlo de forma particular”, lamentó la joven.
La paciente lamentó que su condición de adoptada sea el factor determinante para su exclusión del beneficio estatal. Para ella, el hecho de que su familia no sea compatible no debería ser motivo para que el Estado desestime la cobertura del tratamiento, especialmente cuando la vida de la paciente depende exclusivamente de dicha intervención.
Su salud se deteriora cada vez más
Mientras la disputa por el acceso al financiamiento continúa, Álvarez relató que las sesiones de quimioterapia están cobrando una factura física importante. La joven ha manifestado sentirse cada vez más débil. “Las quimioterapias cada vez deterioran más mi salud, cada vez me siento más débil, cada vez siento que pierdo vitalidad; es por eso que mi única opción de vivir es el trasplante”, relató Thiare.
La urgencia radica en que, para que un trasplante sea exitoso, el paciente debe encontrarse en un estado físico óptimo, ventana de tiempo que se reduce con cada tratamiento fallido.
Este caso ha puesto nuevamente sobre la mesa el debate sobre la equidad en el sistema de salud chileno y la necesidad de actualizar los criterios de procuramiento de órganos y tejidos. La falta de una política que cubra a donantes no emparentados (donantes altruistas) deja en vulnerabilidad a pacientes que no poseen redes de parentesco biológico, como los adoptados o aquellos con familias pequeñas.