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La revocatoria de la residencia en Ecuador al académico y asesor político Fernando Casado ha desatado una ola de reacciones en el ámbito político y académico del país. El hecho se dio a conocer luego de que el expresidente Rafael Correa denunciara en su cuenta de la red social X que el Ministerio del Interior decidió quitarle la residencia a Casado bajo el argumento de “haber cometido actos que atentan contra la seguridad pública y la estructura del Estado”, amparados en una resolución considerada “secreta”.
Fernando Casado es de nacionalidad española y también cuenta con ciudadanía venezolana, adquirida por su matrimonio. Su trayectoria en el ámbito académico ecuatoriano incluye haber sido docente en el Instituto de Altos Estudios Nacionales (IAEN), desde donde realizó aportes relevantes al debate público y la formación de profesionales en políticas públicas.
Reacciones desde el correísmo y el ámbito académico
La acción fue rechazada categóricamente por figuras del movimiento Revolución Ciudadana, el partido que lidera el expresidente Correa y del que forma parte Luisa González, ex candidata presidencial y actual figura visible de ese mismo bloque.
Contexto de otras expulsiones recientes
El caso de Fernando Casado no es un hecho aislado en Ecuador. En lo que va de 2024, la periodista cubana Alondra Santiago también fue objeto de revocatoria de su residencia y posterior deportación, argumentando las mismas razones de riesgos a la “seguridad pública y la estructura del Estado”. Este patrón ya había surgido en octubre de 2023, cuando el periodista español Lautaro Bernat fue igualmente deportado tras un informe reservado que lo presentaba como amenaza a la seguridad nacional, en el marco de protestas sociales.
La metodología y justificación utilizadas por el gobierno ecuatoriano en estos procesos se basa en informes o resoluciones reservados, lo que ha sido duramente criticado por actores políticos, especialmente desde la oposición, quienes acusan falta de transparencia y de seguridad jurídica en la aplicación de la normativa migratoria.
Acusaciones de persecución política
El propio Rafael Correa fue enfático al denunciar lo que considera una política represiva encubierta. Correa caracterizó la situación como una muestra de que “la seguridad jurídica está pulverizada” y denunció el establecimiento de una “verdadera dictadura” en Ecuador. Sus declaraciones favorecieron un clima de fuerte polarización sobre las acciones del gobierno frente a extranjeros críticos o vinculados a sectores de oposición.
Personas y colectivos afines al correísmo insistieron en que Casado siempre defendió causas sociales y buscó alternativas de cambio para los sectores más vulnerables del país. Consideran que su expulsión responde a una represalia política y no a motivos objetivos de seguridad estatal.
Antecedentes en el Instituto de Altos Estudios Nacionales
Fernando Casado fue una figura cuestionada y defendida durante su paso por el IAEN. Distintas voces dentro de la academia y la sociedad civil lamentaron su salida, sosteniendo que “muchas universidades cedieron por miedo” y perdieron la oportunidad de contar con un profesional destacado. La Defensoría del Pueblo respaldó la postura de reintegrarlo, sin éxito, lo que terminó por dejarlo expuesto a posteriores medidas administrativas como la deportación.
El desenlace del caso Casado suscita nuevamente el debate nacional sobre el alcance y uso de herramientas legales reservadas contra extranjeros que adoptan posiciones críticas frente a las decisiones del Estado, y la repercusión que estas acciones tienen en la imagen internacional y la vida académica ecuatoriana.