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La Corte Constitucional emitió la sentencia 1313-19-JP/26 mediante la cual dispuso que el Registro Civil modifique el nombre y el dato de sexo en los documentos de identidad de Amada*. Ella es una adolescente de 17 años, cuyo caso se elevó al organismo en 2018 cuando tenía 9 años. La decisión se limita exclusivamente a fines registrales y ordena la emisión inmediata de una nueva cédula y pasaporte sin costo.
La sentencia, notificada este 19 de marzo de 2026, considera el paso del tiempo, los cambios jurisprudenciales y la situación actual de Amada*. Ella, como una adolescente próxima a la mayoría de edad que persiste en su solicitud. Además, cuenta con el acompañamiento de sus padres y respaldos psicosociales verificados en audiencia.
La Corte aplicó al caso concreto los efectos de su fallo anterior 4-24-CN/26, que declaró inconstitucional exigir la mayoría de edad para cambios de datos de identidad de género en adolescentes, únicamente para trámites registrales.
Corte Constitucional ordena cambios registrales como medida de reparación
La resolución declara la sentencia como medida de reparación y otorga al Registro Civil un plazo de 30 días para ejecutar el cambio de nombre a A. E. C. B. Además, del dato de sexo a mujer en la inscripción de nacimiento y demás documentos.
Una vez realizados los ajustes, la entidad deberá expedir de inmediato una nueva cédula de identidad y pasaporte. Dado que Amada* reside fuera del país, el Registro Civil deberá coordinar con la Cancillería para que el consulado ecuatoriano más cercano facilite los trámites y acompañe a la adolescente y a sus padres.
Origen del caso: acción de protección presentada en 2018
El caso se inició el 29 de junio de 2018, cuando los representantes de la niña presentaron una acción de protección contra el Registro Civil. Los padres solicitaron la marginación en la inscripción de nacimiento y el cambio de nombre de masculino a femenino, argumentando que la negativa vulneraba los derechos a la identidad, a ser consultada, a la no discriminación, a la intimidad y al interés superior de la niña.
El 6 de noviembre de 2018, un juez de primera instancia de la Unidad Judicial de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia de Calderón (Quito) aceptó parcialmente la acción y ordenó el cambio.
Revocatoria en segunda instancia y elevación a la Corte Constitucional
Sin embargo, el 11 de julio de 2019 la Sala Penal de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha revocó esa decisión y negó la protección. Los representantes apelaron y la causa ingresó a la Corte Constitucional el 16 de agosto de 2019.
En la sentencia del 19 de marzo de 2026, la Corte dejó sin efecto tanto la resolución de primera instancia como la de segunda y ordenó el cumplimiento de la modificación registral.
? #BoletínCC | La @CorteConstEcu resolvió un caso concreto sobre modificación de datos registrales de una adolescente. La decisión no aplica a niñas o niños y se limita exclusivamente al ámbito registral.
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— Corte Constitucional (@CorteConstEcu) April 6, 2026
Impacto humano: discriminación y emigración de la familia
Durante el proceso, los padres relataron ante la Corte situaciones de discriminación y vulnerabilidad que enfrentó la menor: rechazos en 14 escuelas, llamadas por su nombre legal masculino en salas de espera de centros de salud y exposición pública que generaron estrés.
En 2021, la familia emigró al exterior en busca de un entorno sin hostilidad. Actualmente, el pasaporte ecuatoriano de Amada* está próximo a vencer y renovarlo con datos masculinos representaba un riesgo migratorio.
Aclaraciones de la Corte: decisión individual y no general
La Corte Constitucional fue enfática en aclarar que su decisión no crea nuevos derechos ni modifica el marco legal general. Se trata de una resolución individual, que no constituye autorización general para niñas, niños o adolescentes, ni autoriza intervenciones médicas.
Solo aplica a la solicitud de modificación de datos registrales bajo criterios estrictos, verificables y en cumplimiento de la Constitución. Se trata del segundo caso en el que el máximo tribunal ecuatoriano ordena este tipo de cambio para un adolescente, utilizando como antecedente el fallo emitido en febrero de 2026.