• 2 minutos de lectura
Las autoridades capturaron al juez Christian Quito Carpio por el caso Fachada en la frontera con Colombia. El ciudadano pretendió la madrugada de este domingo ingresar al país vecino de forma irregular sin registrar su salida oficial.
Este intento de evasión ocurrió pese a tener impedimento de salida por orden judicial vigente en el territorio ecuatoriano. La interceptación activa los protocolos de seguridad nacional para garantizar el cumplimiento de la ley penal en este polémico proceso.
Custodia policial y judicialización
“Este sujeto se encuentra ahora bajo custodia de las autoridades de migración de Ecuador y la Policía Nacional para la judicialización de su caso”, indicó el ministro del Interior, John Reimberg. El funcionario anunció esta mañana la detención mediante canales oficiales del Gobierno nacional.
“Donde se quieran esconder los vamos a encontrar. Cero impunidad. Seguimos trabajando”, afirmó el ministro respecto al caso Fachada. Los agentes trasladaron al detenido desde el límite internacional para iniciar las audiencias de rigor ante los tribunales.
Destitución por nexos delictivos
El Consejo de la Judicatura (CJ) destituyó recientemente a Christian Quito Carpio y Gabriela Lara Tello por infracciones disciplinarias. Ambos operadores judiciales supuestamente intentaron favorecer a procesados del grupo criminal Comandos de la Frontera, quienes operan en la zona.
Dicho beneficio judicial ocurrió dentro del marco de la investigación denominada caso Fachada por la fiscalía general. La entidad administrativa adoptó la decisión el martes 24 de febrero de 2026 tras determinar faltas administrativas de carácter gravísimo.
Sanciones por asociación ilícita
La Judicatura estableció que los servidores cometieron una falta gravísima según el Código Orgánico de la Función Judicial. El caso Fachada expone presuntas solicitudes de dinero o servicios para alterar la imparcialidad judicial en beneficio de estructuras delictivas.
Aquellas acciones vulneran la ética y transparencia que requiere el ejercicio de la alta magistratura en el país. La Fiscalía General del Estado ejecutó allanamientos previos para recopilar indicios fundamentales sobre este esquema de corrupción judicial.
Evidencias del plan premeditado
Durante los operativos contra los jueces del caso Fachada, los investigadores recolectaron documentos y dinero en efectivo. También incautaron teléfonos celulares y computadoras para el análisis forense de toda la información digital relevante para la causa.
Dichos procedimientos ocurrieron inicialmente el 16 de enero de 2025 tras detectar planes para liberar detenidos vinculados a grupos criminales. Los registros confirman la existencia de un posible plan premeditado dentro de este complejo caso Fachada.
