Desde el 8 de abril de 2026, un total de 61 mujeres catalogadas de alta peligrosidad fueron trasladadas a la cárcel de máxima seguridad La Roca, en Guayaquil, según informó el ministro del Interior, John Reimberg, como parte de la reorganización del sistema penitenciario.
El traslado fue anunciado por el funcionario a través de redes sociales, donde además se difundieron imágenes de algunas de las internas. Entre ellas figuran nombres vinculados a estructuras delictivas, como Verónica Briones, identificada como pareja sentimental de alias Fito, así como la hija de alias Gerente, cabecilla de la organización criminal Los Comandos de la Frontera.
El centro penitenciario La Roca fue intervenido previamente mediante un proceso de remodelación, luego del traslado de los reos que se encontraban en ese lugar hacia la cárcel de El Encuentro, ubicada en la provincia de Santa Elena. Esta reestructuración permitió habilitar nuevamente espacios para la reclusión de personas consideradas de alta peligrosidad.
De acuerdo con una lista difundida por medios digitales, entre las internas trasladadas se encuentran personas vinculadas a grupos delictivos como Los Lobos, Águilas, Fatales, Lagartos, Chone Killers y Latin King, organizaciones señaladas por su participación en actividades ilícitas en distintas provincias del país.
Reclusas vinculadas a delitos de alto impacto
Las mujeres trasladadas a La Roca cumplen condenas o enfrentan procesos por delitos como matricidio, asesinato, narcotráfico y lavado de activos, considerados de alto impacto dentro del sistema penal ecuatoriano.
Entre los casos que han generado mayor atención pública se encuentra el de Andreína Lamota, conocida por su vinculación con un crimen ocurrido en el sector de Sauces, en Guayaquil, que tuvo amplia cobertura mediática.
Otra de las internas es Rosa Toala, quien cumple una condena de 34 años y ocho meses por el asesinato de su hijo de seis años en el cantón Milagro, provincia del Guayas, en un caso que fue procesado en instancias judiciales ordinarias y extraordinarias.
Los expedientes judiciales relacionados con estas internas contienen información detallada sobre los hechos investigados, así como los procesos de apelación y casación que fueron presentados en su momento por las defensas legales.
Detalles del caso Dilan y proceso judicial
En el caso de Rosa Toala, los registros judiciales señalan que los hechos ocurrieron en septiembre de 2016. Según consta en actas de audiencia de juicio y apelación, el menor fue sometido a castigos físicos junto a sus hermanos.
Uno de los testimonios incluidos en el proceso corresponde a su hermano, quien relató que el niño fue sumergido en un balde de agua como parte de un castigo. De acuerdo con los documentos revisados, ese fue el último día en que fue visto con vida.
Posteriormente, el caso fue reconstruido a partir de versiones recogidas por peritos y autoridades judiciales. En ese contexto, se incorporó el testimonio de un fiscal que señaló:
“Lo que él vio, que metieron al menor en una olla grande, lo cocinaron, y luego despedazaron lo metieron en una funda, esa funda en una mochila y se la llevaron lejos a botarla. Dijo que le hacía falta su hermano, para jugar, Jordi tiene 9 años de edad”.
Fiscal del caso
Testimonios y peritajes incorporados
Durante el proceso también se incluyeron testimonios de otros familiares y peritos especializados. Una adolescente relató situaciones de violencia intrafamiliar, incluyendo abusos sexuales por parte de su padrastro.
El testimonio fue respaldado por una profesional que intervino en el caso, quien indicó:
“Que de las acciones tantas que recordaba, se le evidenciaba terror. Y que la amenazaba por el hecho de ser abusada por él. Ya después de la situación que se dio por conducta y que describe claramente, ese día mandó a apagar la luz, y que ese día él (…) él se puso una crema y que ese día lloraba y que le decía que se calle que me va escuchar los vecinos”.
Testimonio d profesional que intervino en el caso.
En el expediente también constan versiones sobre los métodos de castigo aplicados a los menores, incluyendo golpes, inmersiones en agua y otras formas de maltrato físico.
Los informes psicológicos y periciales fueron incorporados como elementos probatorios durante las distintas etapas del proceso judicial.
Hallazgo de restos y pruebas forenses
Tras la confesión de los implicados, las autoridades realizaron operativos de búsqueda en el cantón Milagro, donde fueron hallados fragmentos óseos que posteriormente fueron sometidos a pruebas de ADN.
Los resultados arrojaron una compatibilidad del 99,9 %, lo que permitió confirmar la identidad del menor. Este elemento fue clave dentro del proceso judicial que culminó con la sentencia de los responsables.
Las investigaciones también incluyeron testimonios de personas vinculadas a una iglesia local, quienes relataron que en la época de los hechos se solicitó una olla de gran tamaño con el argumento de realizar una actividad social.
De acuerdo con esos testimonios, el utensilio fue devuelto con residuos, lo que generó sospechas posteriormente en el marco de la investigación.
Procesos judiciales y antecedentes
El caso incluyó múltiples instancias legales, entre ellas recursos de apelación y casación que fueron presentados por la defensa de los procesados. Sin embargo, estos no obtuvieron resoluciones favorables.
Durante el proceso, los implicados ofrecieron versiones contradictorias sobre los hechos, lo que fue analizado por los jueces en el contexto de la valoración de pruebas.
Según registros judiciales, uno de los implicados acudió a un hospital meses después de los hechos para solicitar hablar con la Policía y revelar información relacionada con el caso.
Este elemento permitió iniciar formalmente la investigación que derivó en la localización de los restos y en la reconstrucción de los hechos.
Contexto penitenciario y traslado a La Roca
Diez años después del caso, Rosa Toala fue incluida en el grupo de internas trasladadas a La Roca, luego de permanecer recluida en un centro penitenciario de Santo Domingo.
Durante su permanencia en prisión, ha acumulado otros procesos relacionados con tráfico de drogas e ingreso de objetos prohibidos, según registros disponibles.
El traslado de las 61 internas forma parte de las acciones implementadas por las autoridades para reorganizar la población penitenciaria, priorizando el control de personas consideradas de alta peligrosidad.
La cárcel de La Roca, en Guayaquil, es uno de los centros de máxima seguridad del país y ha sido utilizada en distintos periodos para albergar a personas vinculadas a delitos de alto impacto.